
En una nueva escalada de la estrategia de «máxima presión» impulsada por la administración de Donald Trump, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones financieras contra cuatro empresas y varios buques petroleros vinculados a la comercialización de crudo venezolano.
Cerco a la evasión de controles
Las medidas apuntan directamente a desarticular la logística que permite al Gobierno de Nicolás Maduro movilizar petróleo en los mercados internacionales. Según el comunicado oficial, las entidades sancionadas han participado activamente en la evasión de restricciones previas, operando a través de la denominada “flota en la sombra”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al señalar que la institución mantendrá la hoja de ruta establecida por Trump para cortar el financiamiento de lo que Washington califica como un «régimen narco-terrorista».
“Quienes persistan en el comercio de petróleo venezolano seguirán enfrentando riesgos significativos. No permitiremos que estos recursos alimenten estructuras ilegítimas”, advirtió el Tesoro.
Ofensiva multidimensional: Petróleo y defensa
Este anuncio no es un hecho aislado, sino parte de una pinza de presión que se ha cerrado sobre Caracas en las últimas 48 horas:
Tecnología militar: El pasado martes, Washington sancionó a diez individuos y entidades de Irán y Venezuela involucrados en el intercambio de drones de diseño iraní y químicos para la fabricación de misiles balísticos.
Bloqueo naval: El despliegue aeronaval que EE. UU. mantiene en el Caribe desde agosto ha pasado a una fase más agresiva tras la orden de bloqueo total a tanqueros sancionados.
Contexto de alta tensión
Las sanciones coinciden con un momento crítico en la región, marcado por el reciente anuncio de Donald Trump sobre un ataque a instalaciones portuarias venezolanas presuntamente utilizadas para el narcotráfico.
Mientras Washington justifica estas acciones como una lucha frontal contra el crimen transnacional y la proliferación de armamento, desde Caracas se interpretan como actos de agresión que buscan forzar un cambio de gobierno mediante el colapso de la industria petrolera, principal pulmón financiero del país sudamericano.
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