La administración del presidente estadounidense Donald Trump prepara una medida sin precedentes en la historia del país norteamericano: la revocación de las visas de turismo y negocios (B1 y B2) de hasta 200.000 extranjeros que han tramitado o están tramitando solicitudes de asilo. La directriz, impulsada conjuntamente por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca frenar lo que el Ejecutivo califica como un uso indebido de los permisos temporales para eludir la normativa migratoria.
En el marco de su política de endurecimiento fronterizo y migratorio durante su segundo mandato, el gobierno de los Estados Unidos avanza en la estructuración de un mecanismo que modificará el estatus migratorio de decenas de miles de extranjeros que ingresaron al territorio nacional bajo la figura de visitantes temporales.
Plan de revocación y coordinación interinstitucional
De acuerdo con documentos oficiales filtrados a la agencia Associated Press y declaraciones de funcionarios gubernamentales bajo anonimato, el Departamento de Estado prevé anunciar en las próximas semanas la anulación de los permisos expedidos entre 2016 y 2026 a aquellos titulares que hayan recurrido al sistema de asilo.
Postura oficial: «Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Aunque evitó precisar una cifra exacta debido a la naturaleza dinámica del proceso, los reportes internos estiman que el universo de afectados podría ascender a unas 200.000 personas.
Implicaciones legales: Las fuentes aclararon que esta invalidación masiva no se traducirá de manera automática en deportaciones inmediatas, sino que los implicados perderán su estatus de visitantes comerciales o turistas, siendo reclasificados administrativamente mientras sus expedientes de asilo sigan su curso legal. No obstante, se anticipa que la medida enfrentará diversas impugnaciones en los tribunales.
Restricciones crecientes y postura del Ejecutivo
Desde el inicio de su actual gestión presidencial, la administración Trump ha implementado filtros más estrictos para los visados, abarcando desde la revisión exhaustiva de antecedentes en redes sociales y la exigencia de costosas fianzas hasta prohibiciones específicas a ciudadanos de determinadas naciones.
En consonancia con estas directrices, el subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó duramente el uso de las vías ordinarias de entrada para fines migratorios permanentes. A través de la red social X, enfatizó que «el asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración», respaldando la tesis de que la ciudadanía rechaza las solicitudes consideradas fraudulentas.
Como parte de los nuevos requisitos preventivos, las autoridades migratorias exigen actualmente a los nuevos solicitantes de visados B1 y B2 que certifiquen formalmente su intención de retornar a sus países de origen y se comprometan a no utilizar el trámite de asilo como mecanismo de radicación en el territorio estadounidense.
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