El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el inicio de operativos de control migratorio en Chicago, centrándose en la detención de «inmigrantes ilegales delincuentes». Esta acción se lleva a cabo en medio de un aumento de agentes federales al norte de la ciudad, donde se están activando alertas a los residentes.
El gobierno federal ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional y fuerzas militares, una acción que ha sido rechazada por los gobiernos locales y calificada por expertos legales como «ilegal». Según el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo del operativo es intervenir con extranjeros criminales que se han «acudido en masa» a Chicago, aprovechándose de las políticas de santuario a las que se adhieren tanto la ciudad como el estado gobernados por demócratas.
La administración de la alcaldía de Chicago limita la colaboración de su policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo que los migrantes accedan a programas de ayuda social sin importar su estatus legal. Defensores de estas políticas argumentan que son cruciales para la seguridad de las comunidades, ya que permiten a migrantes reportar delitos sin miedo a ser deportados.
De acuerdo con reportes locales, unos 300 agentes federales están ya desplegados en la estación naval Great Lakes, ubicada al norte de la ciudad. En Evanston, una ciudad vecina, las autoridades han informado a los residentes sobre posibles redadas del ICE en los próximos días, con el alcalde Daniel Biss enviando correos masivos para mantener a la comunidad informada.
El conocido ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, declaró en una entrevista con CNN que el gobierno de Donald Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago y otras ciudades santuario durante esta semana.
Simultáneamente, en Boston, se han reportado aumentos en la presencia de agentes del ICE. Esto ocurre días después de que el Departamento de Justicia demandara a la alcaldesa Michelle Wu por implementar políticas que favorecen a los inmigrantes. La ciudad, que en 2014 adoptó leyes similares a las de Chicago para limitar la colaboración con ICE, ahora enfrenta un entorno tenso debido a la agenda antimigratoria del gobierno federal.
Actualmente, Estados Unidos mantiene a más de 61,200 migrantes en centros de detención, el número más alto en varios años, con un 45% de ellos sin antecedentes criminales según datos del investigador de la Universidad de Syracuse, Austin Kocher.
El clima legal también se ha intensificado, ya que la Corte Suprema autorizó temporalmente a la administración Trump a reanudar sus operaciones contra la inmigración ilegal en el sur de California. Esto ocurre en un contexto donde un tribunal federal previamente había prohibido a ICE detener personas basándose únicamente en ciertos factores que señalan la posibilidad de ser inmigrantes.
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