A partir del martes 10 de este mes, Venezuela dejará de formar parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), al cumplirse el lapso de un año para que la denuncia realizada por el Gobierno nacional a la Convención Interamericana se haga efectiva, según lo establecido en el artículo 78 de la misma.
El agente del Estado para los derechos humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, Germán Saltrón, cree que la decisión no tendrá «ninguna» implicación para el país.
«La Convención Americana está por debajo en materia de derechos humanos que la Constitución nuestra que es mucho más garantista, es más avanzada en esa materia, por lo que los venezolanos no van a estar desprotegidos, y además, vamos a tener la protección del Sistema Internacional que es Naciones Unidas», señaló a Últimas Noticias.
Sin embargo, el constitucionalista Jesús María Casal alertó que la medida «es errónea» porque «en el orden interno viola la Constitución y reduce los instrumentos de protección de derechos humanos al alcance de los ciudadanos y es grave a nivel del Sistema, pues marca un precedente negativo y da un mensaje peligroso. La conducta de Venezuela ha sido optar por el incumplimiento de las decisiones y ahora desemboca en la ruptura definitiva».
Venezuela, que reconoció la competencia de la Corte en junio de 1981, es el segundo país en denunciar la Convención Interamericana. Trinidad y Tobago lo hizo en mayo de 1998.
Saltrón dejó claro que la decisión no tiene vuelta atrás «en lo absoluto, si es que ha sido una violación sistemática, podemos decir que el Sistema Interamericano (la Comisión y la Corte) han conspirado contra Venezuela y apoyaron el golpe de 2002. Más bien nos tardamos mucho en salirnos».
Casal indicó a ÚN que la Corte podrá seguir conociendo los casos en trámite e incluso «los que hayan ocurrido durante el año previsto para vencer la Convención», aunque no los que ocurran luego del martes.
La instancia de la Comisión seguirá abierta para recibir las denuncias, pero los abogados afirman que los procesos terminarán sólo con recomendaciones al Estado que, según Saltrón, no son de obligatorio cumplimiento.
Vía Últimas Noticias