Este miércoles 3 de marzo varios centros hospitalarios iniciaron una huelga laboral a raíz del asesinato de un popular pediatra, Ernest Pady, en la población de Puerto Príncipe. El homicidio tuvo lugar el domingo, tras un intento fallido de secuestro en el que la víctima fue herida de bala en la cabeza. El país caribeño está consumado en una ola de violencia e inseguridad, con una gran crisis política y en medio de protestas que piden la salida del presidente Jovenel Moïse. Paralelamente, República Dominicana anunció que construirá un muro para frenar la migración haitiana.
Según fuentes judiciales, el médico salía de su clínica cuando un grupo de criminales intentaron secuestrarlo y, al no conseguirlo, le dispararon en repetidas ocasiones. Una de las balas alcanzó la cabeza de Pady y ocasionó su muerte.
El suceso, que conmocionó a la comunidad galena, ha provocado el cierre de varios hospitales –como el Hospital de la Universidad Estatal de Haití o el Justinien de Cabo Haitiano, entre otros–, con varios homenajes al pediatra. Los profesionales de la salud no han dicho cuándo retomarán su actividad con normalidad, aunque los servicios de emergencia siguen en funcionamiento.
Paralelamente, las gasolineras del país también cerraron el miércoles como protesta por el secuestro de un miembro de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio el mismo día del asesinato de Pady.
Ola de secuestros y homicidios
Haití lleva sumida en una crisis sociopolítica desde principios de febrero. El 7 de febrero, el presidente Jovenel Moïse anunció un intento de golpe de Estado en su contra y confirmó su intención de continuar en el cargo hasta febrero de 2022. Desde entonces, se han generado protestas violentas y todas piden lo mismo: la salida inmediata de Moïse del Poder Ejecutivo.
A la inestabilidad política del país haitiano se suman los altos índices de criminalidad en una sociedad en la que el poder de las pandillas y su nivel de impunidad es alarmante. Violencia criminal, violencia policial, violencia política; todas tienen cabida en un Haití asolado por los asesinatos y secuestros.
Entre los últimos sucesos en el país destaca un sangriento motín el 21 de febrero que dejó al menos ocho muertos, entre ellos el alcaide del penal. En medio del altercado con las fuerzas de seguridad, Arnel Joseph, uno de los principales jefes de las bandas armadas que aterrorizan el país, preso desde el 2019 por rapto y homicidio, se fugó de la cárcel junto a otros 400 presos. Finalmente, la policía interceptó al que es considerado uno de los criminales más peligrosos del país y lo ajustició.
Los secuestros son rutinarios en la nación tropical y algo con lo que tienen que convivir los haitianos, que también protestan por la inseguridad incesante a la que están expuestos. Uno de los últimos raptos fue el de dos hermanos dominicanos Michael Enrique y Antonio Gerer Campusano Féliz. Estos cineastas de profesión y su intérprete local Junior Albert Augusma fueron raptados cuando estaban precisamente rodando un documental sobre la epidemia de secuestros a la que se enfrenta Haití. Tras seis días de cautiverio, las víctimas fueron liberadas, aunque se desconocen los detalles de su puesta en libertad.
Las cifras no engañan y los secuestros en el país no son algo nuevo, pero han ido en aumentado. Según Naciones Unidas son un 200% mayores que en 2020, con al menos cinco casos por día.
República Dominicana se alarma y toma previsiones
En medio del caos, el martes República Dominicana anunció la construcción de un muro con su país vecino. El Gobierno de Santo Domingo, encabezado por Luis Abinader, alegó que esta decisión está pensada para solucionar los problemas de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, la circulación de vehículos robados y los secuestros.
Con el temor al aumento de la presión migratoria en la mente del Ejecutivo dominicano, el muro constaría de 380 kilómetros de longitud y tendría diversas medidas de seguridad como doble valla en algunos puntos de la frontera. Según fuentes oficiales, aproximadamente 500.000 haitianos viven en ese país vecino, la mayoría de ellos de forma ilegal y huyendo de la precariedad de su país natal.
Moïse lleva gobernando a base de decretos desde hace más de un año. Y las sospechas de complicidad entre el Gobierno y las bandas criminales, cuyo poder ha aumentado exponencialmente durante su mandato, están a la orden del día.
El nuevo informe de la ONU sobre Haití critica la situación de ese país, del mismo modo que Estados Unidos lanzó avisos y cuestionó algunas decisiones de ese presidente, a pesar de apoyar su mandato.
Con Información de EFE/France 24/Diario República
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