El juez Francisco de Jorge emite comisiones rogatorias a Caracas y a EE. UU. buscando esclarecer la estructura del Colectivo de Huidos Vascos, con el histórico terrorista De Juana Chaos entre los investigados.
La Audiencia Nacional española ha puesto en marcha una ofensiva judicial para localizar y determinar el rol de 14 presuntos integrantes de la organización terrorista ETA que se encontraban guarecidos en territorio venezolano de acuerdo con registros de abril de 2025. Entre los nombres señalados destaca el de José Ignacio de Juana Chaos, uno de los miembros más sanguinarios en la historia de la banda.
El magistrado a cargo del caso, Francisco de Jorge Mesas, fundamentó la emisión de una comisión rogatoria hacia Caracas argumentando que el reciente cambio de régimen en el país latinoamericano (tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero de este año) abre un escenario propicio para la cooperación judicial bilateral, algo que anteriormente resultaba inviable.
La resolución, revelada inicialmente por el diario El País, atiende a una solicitud formal de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que actúa como acusación popular.
Con esta medida, el instructor busca de manera explícita «determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista», una línea de investigación que se desprende de una causa penal abierta en 2024 en torno al autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos.
Las peticiones clave del juzgado
El tribunal español ha estructurado su estrategia en dos frentes internacionales:
A las autoridades de Venezuela: Se les exige documentación precisa sobre la filiación de los 14 sospechosos al colectivo de refugiados de ETA, sus tareas de enlace, operaciones logísticas y el grado jerárquico que ostentan dentro de dicha estructura en suelo caribeño.
A las autoridades de Estados Unidos: Se ha remitido otra comisión rogatoria para acceder a los archivos judiciales derivados del proceso penal contra Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela. El fin es extraer cualquier dato o testimonio que Carvajal haya aportado en EE. UU. sobre los etarras prófugos de la justicia española.
Control orgánico desde la clandestinidad
La tesis que maneja el juzgado, respaldada por los criterios iniciales del Ministerio Fiscal, sostiene que este grupo de refugiados en el exterior no operaba de manera aislada. Por el contrario, se argumenta la existencia de una dependencia orgánica directa con la cúpula de ETA. La dirección de la banda criminal se encargaba de realizar un seguimiento estricto de sus integrantes en el extranjero, proveyéndoles cobertura jurídica, sustento económico y directrices operativas.
Bajo esta premisa, el juez De Jorge considera indispensable cruzar la información que pueda aportar la nueva administración venezolana con los testimonios del general Carvajal, actualmente encarcelado en territorio estadounidense, para desmantelar de forma definitiva los últimos vestigios de la red de protección de la banda en el continente americano.
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