El exmandatario boliviano califica la acción judicial como una persecución política coordinada desde Washington para neutralizar a la oposición.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que la nueva orden de aprehensión dictada en su contra por la Fiscalía responde a una orden directa del Gobierno de Estados Unidos. El líder político rechazó las acusaciones de terrorismo vinculadas a las protestas y bloqueos de carreteras que se registraron en el país andino durante el periodo de movilizaciones sociales contra la gestión actual.
Cuestionamiento al uso de la justicia
Durante una intervención transmitida por la emisora Kausachun Coca desde la región del Chapare, el exgobernante cuestionó la validez del proceso penal en su contra. Evo Morales sostuvo que las figuras penales aplicadas por el Ministerio Público carecen de sustento probatorio y constituyen una instrumentalización de los tribunales. Según el dirigente, el proceso busca frenar el avance de las organizaciones sociales y los movimientos populares.
El expresidente vinculó la medida judicial a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien instó a calificar a diversas fuerzas políticas progresistas de la región bajo normativas de antiterrorismo. Para el líder político, las autoridades locales ejecutan lineamientos fijados en el exterior sin realizar una investigación imparcial y soberana sobre los hechos acontecidos.
Postura de las autoridades y analistas
Por su parte, el Ejecutivo nacional exige que el exmandatario se presente ante los tribunales correspondientes para responder por los cargos formulados. Las autoridades gubernamentales sostienen que el Estado de derecho aplica para todos los ciudadanos por igual y que las investigaciones buscan esclarecer los daños económicos y sociales provocados por los cierres de vías prolongados.
Paralelamente, diversos analistas y observadores internacionales señalan que la estrategia del exmandatario responde a un patrón reiterado en la política regional. Según esta perspectiva, atribuir la responsabilidad de los procesos judiciales a la injerencia estadounidense es un recurso recurrente para desviar la atención de los señalamientos legales y evadir la rendición de cuentas ante los órganos judiciales locales.
Desde la zona del Chapare, donde permanece resguardado para evitar su detención, Evo Morales reiteró que no se someterá a un juicio que considera viciado desde su origen. El dirigente insiste en que continuará ejerciendo la defensa política frente a lo que califica como un plan continental para proscribir a las fuerzas de izquierda.
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