La comunidad venezolana en Estados Unidos amanece con una dramática e incierta realidad migratoria. A las 11:59 p.m. del pasado viernes 7 de noviembre, la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a Venezuela en 2021 llegó oficialmente a su fin. Este cese fulminante deja a cerca de 250.000 beneficiarios sin estatus migratorio legal y en riesgo inminente de detención y deportación, en lo que expertos califican como la mayor «ilegalización» instantánea de migrantes en la historia reciente de EE. UU.
El fin de la protección temporal para esta cohorte (designación 2021) se suma a la expiración previa del TPS para quienes se registraron bajo la designación de 2023, elevando el número total de venezolanos en situación irregular por esta causa a cerca de 600.000.
Advertencia legal: pérdida automática de estatus y permisos
El Dr. Arturo Bravo, abogado binacional y socio principal de la firma internacional Crosswise, encendió las alarmas en una entrevista con el periodista Román Lozinski para el Circuito Éxitos.
«Su presencia a partir de ese momento [7 de noviembre] es ilegal y son sujetos de deportación si son ubicados por una autoridad,» declaró el Dr. Bravo.
La pérdida del TPS implica la caducidad automática de la protección contra la deportación y, crucialmente, la invalidación de los permisos de trabajo (EAD). A partir del 8 de noviembre, miles de profesionales y trabajadores venezolanos perdieron su capacidad legal para laborar en el país.
El abogado enfatizó que esta grave situación solo se mitiga para aquellos que:
Han obtenido una protección migratoria alternativa activa (como una solicitud de asilo ya presentada).
Han regularizado su estatus (por ejemplo, a través de matrimonio con un ciudadano o residente legal estadounidense).
La incierta vía judicial y opciones drásticas
Ante la ausencia de un amparo temporal, las opciones se reducen drásticamente. Bravo señaló que los afectados enfrentan decisiones difíciles: «Algunos abandonan Estados Unidos voluntariamente, otros se trasladan a terceros países o regresan a Venezuela».
No obstante, la comunidad legal mantiene la vista en la lucha judicial. El Dr. Bravo hizo referencia al caso llevado ante el juez Edward Chen en San Francisco (una demanda de la Alianza Nacional TPS que impugna la terminación del programa), indicando que, a pesar de las decisiones recientes de la Corte Suprema que permitieron el fin de la protección:
«El litigio de fondo está pendiente de apelación y aún existe una ventana de oportunidad, aunque incierta, para revertir la decisión.»
Mientras se define el panorama judicial, la urgencia de buscar una solución permanente es máxima. Los expertos migratorios están instando a los venezolanos a evitar acumular presencia indocumentada, ya que esto puede generar castigos migratorios a futuro.
La prioridad legal inmediata es explorar otras vías de protección, principalmente la solicitud de asilo. La firma Crosswise insta a todos los afectados a buscar asesoría legal calificada de inmediato para analizar su caso particular y explorar cada mecanismo disponible para evitar la deportación.
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