El ministro del Interior, Laurent Nunez, anunció en la emisora RTL la prohibición de este polémico armamento antidisturbios en entornos estudiantiles hasta esclarecer los hechos.
Escalada de violencia: Las protestas —iniciadas a finales de septiembre por deficiencias estructurales en los centros educativos— han dejado más de 6.500 detenciones, numerosos heridos y denuncias de malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad.
Crisis política: La situación obligó al presidente Emmanuel Macron a convocar a un gabinete de emergencia, en paralelo con nuevas convocatorias sindicales previstas para este jueves.
La creciente agitación social en las calles de Francia ha forzado un viraje en la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Tras confirmarse que un adolescente de 15 años perdió una mano a causa del impacto de una granada de aturdimiento, el ministro del Interior, Laurent Nunez, informó este miércoles la suspensión del empleo de este tipo de dispositivos explosivos en el marco de las manifestaciones estudiantiles.
En declaraciones ofrecidas a la cadena radial RTL, Nunez precisó que la restricción operará de manera exclusiva en las protestas juveniles y se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que concluyan las investigaciones internas abiertas por la policía, las cuales ya suman 18 expedientes por presuntos excesos de la fuerza pública. Este incidente se suma a otro reciente en el que un alumno de 14 años sufrió heridas severas en el rostro por una granada de gas lacrimógeno.
Las movilizaciones, impulsadas desde finales de septiembre en demanda de mejoras en las instalaciones escolares y en protesta por la escasez de docentes, han escalado en tensión. El pasado martes, una masiva concentración que reunió a unas 250.000 personas en todo el territorio nacional culminó con al menos 488 detenciones y 43 agentes de seguridad heridos, elevando el balance histórico de la crisis a más de 6.500 arrestos, en su mayoría menores de edad.
Paralelamente, representantes legales de los jóvenes detenidos, integrados en el Colectivo por la Acción Judicial, han alertado sobre abusos sistemáticos, reportando que los estudiantes arrestados sufren agresiones verbales, bofetadas y técnicas de asfixia o estrangulamiento.
Desde el espectro político, las críticas no se hicieron esperar. Manuel Bompard, coordinador nacional de la formación de izquierda radical Francia Insumisa (LFI), recriminó la lentitud gubernamental: «Tuvo que haber varios niños mutilados de por vida para que Nunez dejara de usar granadas contra estudiantes». En respuesta, el Ejecutivo ha señalado a dicha facción política de exacerbar las tensiones.
Para contener la crisis institucional, el presidente Emmanuel Macron convocó a una reunión de urgencia con el primer ministro Sébastien Lecornu y carteras ministeriales clave. Por su parte, Lecornu reconoció a través de sus redes sociales que «la voz de los estudiantes es valiosa y debe ser escuchada», a la espera de emitir un pronunciamiento oficial exhaustivo. No obstante, el conflicto social continúa abierto, ya que diversos sindicatos del sector educativo han ratificado un nuevo llamado a huelgas y marchas para este jueves.
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