El magistrado José Luis Calama activa la vía diplomática para blindar legalmente el volcado telefónico realizado en Miami al accionista Rodolfo Reyes; fuentes judiciales advierten el riesgo de que el Gobierno español intente dilatar el trámite.
El «caso Plus Ultra» entra en una fase jurídica determinante que eleva la tensión política en España. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una solicitud formal al Ministerio de Justicia para que gestione ante las autoridades de los Estados Unidos la validación y legalización de las pruebas tecnológicas extraídas en 2021 del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea.
Según revela este lunes una investigación del diario The Objective, este material informático es considerado una pieza clave en la instrucción, ya que contiene indicios que apuntan a la presunta mediación bajo sospecha de retribución económica del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la concesión del polémico rescate público de 53 millones de euros otorgado a la compañía aérea.
El laberinto burocrático y el riesgo de bloqueo
El requerimiento judicial ha sido canalizado a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. No obstante, este cauce administrativo abre un escenario de vulnerabilidad para la causa. Diversas fuentes del ámbito judicial han advertido que el Ejecutivo central podría instrumentalizar esta vía para ralentizar o congelar la validez de los chats y archivos, argumentando supuestas anomalías procesales en el volcado del terminal que habrían vulnerado el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones.
“Es muy poco habitual que esto ocurra, pero la carga política de este caso es evidente y no es para nada descartable”, señalaron fuentes solventes del proceso, aludiendo a posibles maniobras de interferencia interna.
La defensa de Zapatero ataca la cadena de custodia
El núcleo de la controversia radica en el origen de los datos. La información fue copiada en 2021 por el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. aprovechando un tránsito aeroportuario de Reyes Rojas en la ciudad de Miami. En aquellos archivos, el empresario se refería explícitamente al exmandatario socialista como su «pana Zapatero», evidenciando una presunta cercanía e influencia directa en las esferas gubernamentales de Madrid.
La validez penal de este material en un futuro juicio oral pende de un hilo estrictamente formal:
Cooperación internacional: Los indicios permanecieron bajo custodia del Departamento de Justicia estadounidense durante 5 años antes de ser remitidos a España mediante los canales de Interpol y la embajada norteamericana.
Tiempos críticos: Existe un desajuste de 22 días entre la activación de la alerta de Interpol y la entrega material de los registros a los juzgados españoles, un margen que la defensa de Zapatero ya está utilizando para denunciar una supuesta ruptura en la cadena de custodia.
Ante este escenario, el equipo jurídico de Rodríguez Zapatero ya ha presentado un escrito formal exigiendo a la Audiencia Nacional que obligue a Washington a desglosar minuciosamente los métodos de extracción empleados, buscando la nulidad total de las grabaciones.
Cronología y próximos pasos
La premura del juez Calama responde a la necesidad de blindar la instrucción antes de que expire el procedimiento. La causa penal cuenta con hitos cronológicos precisos, entre los que destacan el correo policial del pasado 6 de marzo que reactivó la extradición de Reyes Rojas y la posterior orden de detención internacional dictada el 17 de marzo. Lo que sigue en el calendario judicial será la respuesta de la administración estadounidense; de denegarse el consentimiento formal para el uso de los mensajes, la principal línea de investigación contra el expresidente del Gobierno carecerá de validez probatoria en los tribunales.
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