Ofensiva contra el Estado: La cifra de agentes de seguridad fallecidos asciende a diez tras dos nuevos ataques armados este lunes. El Gobierno vincula los atentados a la recuperación del control estatal en tres centros penitenciarios del país.
El Gobierno de Guatemala ha tomado medidas drásticas ante lo que considera una «ofensiva directa» de estructuras criminales contra las instituciones de seguridad. Tras la muerte de dos nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes, el Ejecutivo oficializó la implementación del Estado de Sitio, una medida excepcional para contener la ola de violencia que ya suma diez policías asesinados en las últimas semanas.
Represalias por el control de cárceles Las autoridades de inteligencia señalan que estos ataques no son aislados. La escalada de violencia es una respuesta de las pandillas a los recientes operativos en centros penitenciarios, donde las fuerzas especiales del Estado lograron retomar el dominio de tres prisiones que se encontraban bajo el mando de los reclusos y donde mantenían a custodios como rehenes.
Jornada sangrienta en la capital La violencia se manifestó en dos puntos estratégicos de la Ciudad de Guatemala:
Sector Sur: El agente Frayan Medrano falleció en un centro asistencial tras ser interceptado mientras patrullaba en motocicleta. Su acompañante se debate entre la vida y la muerte.
Sector Norte: Horas después, la PNC confirmó el deceso de Juan Paredes, víctima de múltiples heridas de arma de fuego en un ataque similar.
Restricción de garantías y apoyo legislativo Ante la gravedad de la crisis, el presidente Bernardo Arévalo decretó el Estado de Sitio por un periodo inicial de 30 días. Esta disposición suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales, facilitando que las fuerzas de seguridad realicen detenciones, allanamientos e interrogatorios sin necesidad de una orden judicial previa en las zonas de mayor conflicto.
A pesar de las tensiones políticas habituales, el Congreso de la República, liderado por bloques de oposición, votó a favor de ratificar la medida de forma inmediata. Con este respaldo, el Estado busca proyectar un frente unido para desarticular a las estructuras responsables de los ataques y restablecer el orden en las calles y los recintos carcelarios.
Las fuerzas armadas han comenzado el despliegue en las zonas rojas de la capital para apoyar las labores de la PNC, mientras el país permanece bajo una estricta vigilancia militar y policial.
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