La organización exige la suspensión en la venta de armas tras verificar un ataque directo contra dos reporteras y la posterior obstrucción del rescate médico en el sur del Líbano.
La organización Human Rights Watch denunció que el Ejército israelí cometió ataques deliberados contra civiles que constituyen crímenes de guerra. La acusación se centra en un operativo militar ejecutado en el sur del Líbano, donde las periodistas Amal Khalil y Zainab Faraj fueron atacadas a pesar de estar plenamente identificadas como personal civil no combatiente.
Las pruebas recabadas demuestran que las fuerzas armadas tenían conocimiento de la presencia de las reporteras. Aun así, dispararon contra la estructura donde se protegían y postergaron el auxilio médico durante horas, lo que causó la muerte de una de ellas.
Ataque documentado y bloqueo del auxilio médico
El incidente se produjo en la localidad de At Tiri, ubicada en el distrito de Bint Jbeil. Las comunicadoras buscaron refugio en un inmueble tras el impacto de un misil en un vehículo cercano. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas notificó formalmente a las autoridades militares la ubicación exacta de las profesionales, drones de reconocimiento mantuvieron la vigilancia sobre el lugar. Hora y media después del aviso formal, la aviación procedió a destruir la edificación.
Posteriormente, las tropas obstaculizaron las labores del personal de emergencia mediante el lanzamiento de una granada aturdidora desde un dron y disparos con armas ligeras hacia la ambulancia de la Cruz Roja libanesa. Los peritajes médicos confirmaron que la demora en la evacuación provocó la muerte de Khalil por un paro cardíaco derivado de una severa hemorragia cerebral que requería atención inmediata.
Investigación rigurosa frente a la postura militar
Para fundamentar la denuncia, la ONG entrevistó a sobrevivientes y socorristas, además de corroborar mediante análisis forense más de treinta videos, imágenes geolocalizadas, registros telefónicos y datos satelitales. Por su parte, la vocería militar israelí alegó que la maniobra se dirigió contra dos presuntos integrantes del grupo Hezbolá y que el evento permanece bajo revisión interna.
No obstante, los tratados internacionales vigentes establecen que la prensa y el personal de salud poseen inmunidad plena. La eventual presencia de combatientes en las inmediaciones no invalida la prohibición explícita de ejecutar ofensivas que pongan en riesgo a la población civil.
Exigencia de sanciones internacionales y acciones legales
Ante la gravedad de los hechos, el organismo instó a las potencias occidentales a congelar el suministro armamentístico hacia Israel y solicitó a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea imponer sanciones individuales a los mandos responsables. Paralelamente, solicitó al Gobierno libanés recurrir formalmente ante la Corte Penal Internacional para poner fin a la impunidad.
Este episodio se suma a múltiples denuncias previas formuladas por organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, las cuales señalan un patrón sistemático de sealamientos sin pruebas contra informadores para justificar agresiones armadas durante los conflictos en la región.
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