El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a más de 75.000 migrantes sin historial criminal durante los primeros nueve meses de la administración de Donald Trump. La cifra, que desmiente el enfoque gubernamental en delincuentes peligrosos, fue revelada por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, tras una batalla legal para obtener los registros de la agencia.
Desviación de la prioridad anunciada
La información, difundida inicialmente por la cadena NBC News, abarca el período crucial comprendido entre el 20 de enero y el 15 de octubre. Los datos obtenidos demuestran que las personas sin antecedentes penales representan más de un tercio de los 220.000 arrestos totales efectuados por ICE durante ese lapso.
Esta estadística pone en entredicho las declaraciones de la administración Trump, que había asegurado públicamente que sus operativos estaban estrictamente enfocados en individuos considerados peligrosos o con historial de delitos graves, buscando así proteger la seguridad nacional. Sin embargo, la realidad de los datos muestra una aplicación de la política migratoria mucho más amplia, abarcando a una población vulnerable sin cargos criminales previos.
El alcance real de las detenciones
El análisis del Deportation Data Project subraya que el impacto real de esta política podría ser significativamente mayor. Las estadísticas analizadas por la universidad no incluyen las detenciones llevadas a cabo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). CBP, una agencia distinta, ha ejecutado operaciones de alto perfil en diversas ciudades del país, incluyendo Los Ángeles, lo que sugiere que el número total de migrantes sin historial penal arrestados bajo la nueva directriz podría ser considerablemente superior a los 75.000 ya documentados.
Además de la magnitud de los arrestos, el proyecto universitario señaló una limitación crucial en los propios registros de ICE: la falta de una distinción clara y granular entre infracciones menores y crímenes graves dentro del grupo de detenidos que sí poseen antecedentes. Esta ambigüedad dificulta a investigadores y al público en general conocer el verdadero alcance y la proporcionalidad de la política migratoria aplicada, impidiendo diferenciar si el “historial criminal” invocado por el gobierno se refiere a un delito de tráfico menor o a un crimen violento.
Perfil de los detenidos
Los datos demográficos revelan un patrón consistente: cerca del 90 % de los detenidos en el período analizado fueron hombres. En cuanto a la nacionalidad, México se mantiene como el país de origen más común, seguido de cerca por las naciones centroamericanas de Guatemala y Honduras, un reflejo de los principales flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Aunque la precisión sobre la cifra exacta de personas que ya han sido expulsadas del país se mantiene sin definir, los registros indican que cerca de 23.000 de los detenidos están catalogados bajo procesos de deportación voluntaria, lo que sugiere que un número importante de estos individuos ha optado por abandonar el país en lugar de enfrentar largos y costosos procedimientos judiciales.
Las revelaciones del Deportation Data Project confirman una marcada intensificación de las operaciones de control migratorio que, desde el inicio de la administración Trump, han priorizado la detención de cualquier persona sin estatus legal, independientemente de si representa una amenaza para la seguridad pública. La ampliación del foco de ICE hacia comunidades sin antecedentes criminales marca un cambio sustancial en la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos.
www.diariorepublica.com
