Un fallo judicial en Maryland dictaminó que la suspensión indefinida de solicitudes de residencia permanente por parte de USCIS carece de sustento legal, obligando a la agencia a procesar los expedientes de migrantes provenientes de países bajo restricciones de viaje.
En una decisión que marca un precedente importante para el sistema migratorio estadounidense, el juez federal George L. Russell III ordenó este lunes a la administración de Donald Trump poner fin a la parálisis administrativa que mantenía congeladas las solicitudes de residencia permanente (“green card”) de ciudadanos provenientes de países sujetos a restricciones de viaje.
En un fallo detallado de 39 páginas, el magistrado concluyó que la práctica del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de mantener en pausa indefinida estos trámites excedía sus facultades legales. Si bien el tribunal reconoció que las autoridades migratorias poseen discrecionalidad para resolver cada caso individual, subrayó que no pueden, bajo ninguna circunstancia, negarse a emitir una resolución final de manera sistemática y prolongada.
Restablecimiento del proceso administrativo
La resolución atiende a una demanda colectiva interpuesta por 83 solicitantes que ya residen legalmente en Estados Unidos. Aunque la orden judicial no garantiza la aprobación automática de las solicitudes ni anula las políticas de restricciones migratorias vigentes, sí exige a la agencia retomar el análisis de los casos y emitir una respuesta en un “plazo razonable”.
El conflicto legal surgió tras una interpretación extensiva que hizo el USCIS de las proclamaciones presidenciales. La agencia había aplicado criterios de restricción de entrada a trámites internos de personas que ya se encontraban dentro del país con estatus migratorio legal, generando un embotellamiento burocrático que, según organizaciones civiles, afectó a miles de solicitantes que ya habían pagado las tarifas de procesamiento correspondientes.
Implicaciones legales del fallo
El tribunal rechazó categóricamente el argumento de la defensa gubernamental, que alegaba que estas decisiones administrativas estaban fuera de la jurisdicción de revisión de los tribunales. El juez Russell III fue contundente al recordar que la ley federal impone a las agencias la obligación de procesar las solicitudes en tiempos coherentes.
Aunque el alcance directo de la orden favorece inicialmente a los 83 demandantes, expertos en derecho migratorio sugieren que el criterio sentado por el juez podría funcionar como una hoja de ruta para futuras impugnaciones. Al establecer que una pausa generalizada basada únicamente en el país de origen de un solicitante es ilegal, este fallo abre un camino para que otros miles de inmigrantes en situaciones similares exijan el desbloqueo de sus procesos ante la justicia.
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