En una sentencia que sacude los pilares de la política migratoria actual, el juez federal James Boasberg dictaminó este lunes 22 de diciembre que el Gobierno de Donald Trump violó el debido proceso al deportar de forma expedita a 238 ciudadanos venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El magistrado calificó la expulsión como una contravención clara de los derechos constitucionales y ha otorgado un plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo presente un plan que permita a estos migrantes defender su caso ante la justicia estadounidense, ya sea retornándolos al país o facilitando su representación legal.
El uso de una ley de 1798 bajo la lupa
La controversia radica en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que la Administración Trump utilizó en marzo pasado para enviar a los venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. El Gobierno los acusó, sin presentar pruebas concluyentes, de pertenecer a la organización criminal «Tren de Aragua».
«El Gobierno no puede secuestrar a alguien en la calle, entregarlo a un país extranjero y así impedir cualquier recurso legal», sentenció Boasberg en su fallo, respaldando la demanda colectiva interpuesta por la ACLU y Democracy Forward.
Investigación por desacato y «traslados secretos»
El dictamen de más de 40 páginas no solo cuestiona la deportación, sino que acusa al Ejecutivo de ignorar con «completo menosprecio» una orden judicial previa que prohibía dichos vuelos. Los puntos clave de la investigación judicial incluyen:
Presunto engaño al tribunal: El juez llamará a declarar a funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) tras denuncias de que se ocultó información sobre los vuelos de deportación.
Intercambio de rehenes: Se destaca que, tras meses de reclusión en El Salvador, los afectados fueron enviados a Venezuela en julio como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.
Vigilancia constitucional: Boasberg enfatizó que la Constitución no tolera la «desobediencia intencional» de funcionarios que juraron respetarla.
Un precedente para la administración
Este fallo se suma a otros pulsos judiciales perdidos por la Casa Blanca, como el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien ya fue retornado a EE. UU. por orden judicial tras ser expulsado en el mismo operativo.
Para los analistas, esta decisión judicial representa un límite crítico al poder presidencial en el uso de leyes históricas para la gestión migratoria, devolviendo al sistema de cortes la potestad de revisar las expulsiones masivas que carecen de sustento probatorio individual.
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