Una jueza federal ha ratificado la orden de cerrar de forma permanente el centro de detención de inmigrantes “Alcatraz de los Caimanes”, una instalación ubicada en el sur de Florida que, según grupos de derechos civiles, operaba sin la autoridad legal para retener a personas. La decisión se tomó después de que se presentara una tercera demanda que documentaba “problemas graves y previamente desconocidos” en el centro.
Según los documentos judiciales, los detenidos eran retenidos por semanas sin cargos formales y habían desaparecido del sistema de localización en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, no se estaban tomando decisiones iniciales de custodia o fianza, lo que violaba el acceso de los detenidos al sistema legal.
Los grupos de derechos civiles, que buscan que el caso se convierta en una demanda colectiva, argumentan que la inmigración es un asunto exclusivamente federal y que ni las agencias de Florida ni los contratistas privados tienen la autoridad para operar este tipo de instalaciones.
Este fallo judicial se produce en un momento en que la administración del gobernador Ron DeSantis se prepara para abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes, apodada “Depósito de Deportación”, en una prisión estatal en el norte de Florida.
La semana pasada, un juez federal diferente ya había desestimado partes de una demanda anterior en Miami y había transferido los cargos restantes al distrito medio de Florida. La tercera demanda, presentada la semana pasada en Fort Myers, solicitaba una orden de restricción y una orden judicial para detener inmediatamente las operaciones en “Alcatraz de los Caimanes”.
