La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano presuntamente fallecido a causa de un ataque militar de Estados Unidos contra su embarcación en aguas del Caribe, ha presentado una demanda formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta acción legal, la primera de su tipo, fue interpuesta por el abogado estadounidense Dan Kovalik en representación de la esposa e hijos de Carranza. La denuncia busca la investigación de los responsables, la reparación de daños y una revisión de la legalidad de las operaciones militares de EE. UU. en la región.
Acusaciones de Letalidad y Justificación de Guerra
Según la denuncia, Carranza murió el 15 de septiembre como resultado directo de un operativo estadounidense. El documento acusa directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenar ataques contra embarcaciones menores, bombardeos que posteriormente fueron avalados por el presidente Donald Trump.
La demanda se presenta en medio de una serie de acciones militares iniciadas por Washington desde septiembre, dirigidas a destruir lo que denomina “narco-navíos” en el Caribe, operaciones que, según reportes citados, han causado al menos 83 muertes.
Estados Unidos justifica estos ataques invocando el derecho de los conflictos armados, bajo el argumento de que los ocupantes de las embarcaciones forman parte de organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad de EE. UU.
Versión Oficial Colombiana y Reclamo de Soberanía
La versión oficial colombiana reconoce que Carranza era un pescador de profundidad y que su embarcación emitió una señal de socorro por un desperfecto mecánico. Aunque no se descarta que, dada su situación económica, pudiera haber aceptado transportar mercancías ilícitas, la familia sostiene que estas circunstancias no legitiman una acción letal.
En respuesta a la escalada militar, el presidente colombiano ha promovido la conformación de una comisión especial de abogados para examinar lo que califica como posibles crímenes cometidos en el Caribe.
Si la CIDH admite la petición, podría requerir al Estado involucrado (EE. UU.) que abra una investigación, adopte medidas preventivas y ofrezca reparaciones a los familiares. El abogado Kovalik confía en que esta primera denuncia abrirá la puerta a más acciones legales ante instancias internacionales.
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