El Gobierno activa el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para levantar bloqueos viales, recuperar el orden público y garantizar los servicios esenciales por un plazo máximo de noventa días.
Efectivos militares y la Policía Boliviana se desplegaron en las principales calles y rutas del país para dar cumplimiento al Estado de Excepción. La medida fue declarada por el presidente de la nación, Rodrigo Paz, durante la madrugada de este sábado, en respuesta al incremento de la conflictividad social y civil.
En una transmisión oficial realizada junto a su gabinete de ministros, el mandatario Paz afirmó que la intervención busca proteger a la población de los efectos de los bloqueos. Asimismo, argumentó la necesidad urgente de preservar el acceso a los servicios esenciales, asegurando que se mantendrán vigentes los derechos y las garantías constitucionales.
Apoyo militar y orden público
Según la determinación asumida por el mandatario boliviano, las Fuerzas Armadas brindarán un apoyo temporal a la Policía Boliviana. Las tareas asignadas están destinadas específicamente a recuperar el orden público, liberar las vías bloqueadas por los manifestantes y proteger la integridad de la población afectada.
La medida excepcional tendrá una duración máxima de hasta noventa días. No obstante, las autoridades aclararon que la vigencia exacta de este periodo dependerá de la evolución del conflicto y del restablecimiento de la normalidad en el territorio nacional.
Impacto de los bloqueos viales
La crisis en Bolivia se intensificó en las últimas semanas debido a los cercos viales que interrumpieron el suministro de alimentos y combustibles. El sector empresarial y los ciudadanos particulares reportaron pérdidas económicas millonarias, lo que aceleró la decisión del Poder Ejecutivo para dictar el decreto de emergencia.
El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzó de manera inmediata en los puntos estratégicos de las redes viales fundamentales. Hasta el momento, el comando conjunto de las fuerzas del orden reporta operaciones en los departamentos con mayor índice de protestas y conflictividad general.
Reacciones y garantías constitucionales
La oposición política y diversos colectivos civiles manifestaron su preocupación ante la presencia militar en los espacios públicos del país. Sin embargo, el gabinete ministerial insistió en que los derechos fundamentales no serán vulnerados durante las operaciones de despeje y control territorial.
El ministro de Gobierno enfatizó que las Fuerzas Armadas actuarán bajo estrictos protocolos de respeto a los derechos humanos. El desarrollo de las próximas jornadas será crucial para evaluar si la intervención militar logra pacificar las regiones en conflicto o si, por el contrario, incrementa las tensiones sociales.
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