El ministro John Reimberg espera que las confesiones del empresario activen redes de inteligencia en la región. Las operaciones del presunto a través del sistema «Sucre» salpican contratos firmados durante la gestión de Rafael Correa.
El gobierno de Ecuador fijó una postura contundente tras la sorpresiva deportación del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. El ministro del Interior de la nación andina, John Reimberg, ratificó este domingo 17 de mayo el compromiso absoluto de su despacho para colaborar de forma estrecha con la justicia norteamericana en el intercambio de información confidencial y el desarrollo de las investigaciones que puedan derivarse de las próximas declaraciones de Saab.
En un encuentro con los medios de comunicación, Reimberg enfatizó que los cuerpos de inteligencia ecuatorianos están listos para rastrear las conexiones locales de la red financiera del detenido.
“Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, aseveró el titular de la cartera de Interior, asomando que el espectro de testaferrato de Saab podría salpicar a figuras políticas de múltiples nacionalidades en el continente.
A juicio del ministro, el traslado de Saab a una prisión federal en Miami genera profundas preocupaciones en diversos sectores políticos de la región. El ministro subrayó que la administración de Nicolás Maduro trabajó bajo una alianza estrecha e indisoluble con el gobierno del expresidente Rafael Correa, sugiriendo que tras este arresto “muchos deben estar ahora nerviosos” intentando evadir la acción de la justicia internacional.
El expediente Foglocons y el uso del sistema «Sucre»
Las declaraciones del funcionario reviven las ramificaciones del caso Saab en territorio ecuatoriano, las cuales fueron documentadas en 2021 por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, entonces bajo el liderazgo del asambleísta y posterior candidato presidencial Fernando Villavicencio (asesinado en 2023).
El núcleo de la trama en Ecuador se concentró en la compañía Fondo Global de Construcción (Foglocons), constituida en Guayaquil por socios vinculados al entorno del empresario colombiano. De acuerdo con los expedientes parlamentarios, dicha firma suscribió un multimillonario contrato en el año 2011 con el Estado venezolano para la edificación de viviendas populares. El mecanismo operativo consistía en la presunta exportación de materiales de construcción desde puertos ecuatorianos; transacciones que las auditorías posteriores calificaron como fraudulentas o inexistentes.
Para movilizar los flujos financieros, la red hizo uso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una plataforma de intercambio de divisas virtuales promovida por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Este canal permitió la transferencia sin restricciones de millones de dólares entre las bancas centrales de Caracas y Quito.
Cuestionamientos al sistema judicial previo
Pese a la gravedad de los indicios económicos, el primer expediente penal abierto por la Fiscalía General del Estado de Ecuador fue anulado por los tribunales en el año 2016.
No obstante, en el año 2021 la fiscal general Diana Salazar reactivó las denuncias públicas ante el Parlamento, fustigando la «impunidad estructural» que rodeó el caso y señalando directamente a los magistrados de la causa de haber emitido fallos viciados para favorecer y proteger a los directivos de Foglocons. Con la reapertura del escenario judicial en Miami, las autoridades de Quito apuestan por desmantelar de forma definitiva los nexos locales de este esquema de lavado de activos.
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