La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la decisión del Gobierno venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que esta medida agrava la impunidad en el país.
El anuncio formal realizado por las autoridades venezolanas de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar la salida definitiva de la Corte Penal Internacional encendió las alarmas en el ámbito internacional. La decisión fue calificada por el Gobierno como «firme e irrevocable», argumentando un supuesto sesgo del organismo por concentrar sus investigaciones de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina. Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela reaccionó con firmeza pidiendo que se rectifique el rumbo.
Un obstáculo para la justicia interna
A través de un comunicado oficial, la misión advirtió que dar este paso representa un duro golpe para el esclarecimiento de responsabilidades en el país. Según el organismo, alejarse del Estatuto de Roma solo sirve para reforzar la impunidad frente a las constantes denuncias por violaciones de los derechos humanos. La declaración enfatiza que el anuncio ocurre en un momento especialmente delicado para la población venezolana, cuando la exigencia prioritaria debe ser garantizar el acceso transparente a la verdad y la justicia.
Rendición de cuentas en riesgo
El equipo investigador de la ONU señaló que la postura de las autoridades busca evitar la supervisión externa en un contexto donde no se han mostrado avances reales. Durante la última década se han documentado numerosos abusos graves en el territorio nacional sin que existan investigaciones internas efectivas ni sanción a los responsables. Ante este vacío institucional, la retórica del Gobierno intenta desmantelar los instrumentos globales creados para obligar a los Estados a responder por sus actos.
Aislamiento del sistema internacional
La retirada del Estatuto de Roma debilita la protección de los ciudadanos y sitúa al país al margen de los estándares universales de derechos humanos. Al intentar eludir el escrutinio de la justicia internacional, el Estado venezolano incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y cierra las vías de reparación que ofrecía la jurisdicción penal global. La misión insistió en que la rendición de cuentas no puede supeditarse a conveniencias políticas, por lo que reiteró su llamado a no consolidar este retroceso histórico.
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