La presión de los principales asesores del presidente Trump para destituir a Nicolás Maduro como líder de Venezuela se ha intensificado en los últimos días. Funcionarios de la administración están considerando una amplia campaña que intensificaría la presión militar para intentar forzar su salida, según funcionarios estadounidenses.
Estas acciones estarían lideradas principalmente por Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, quien considera a Maduro como un líder ilegítimo y una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos, recoge el New York Times.
Rubio, respaldado por figuras clave como el director de inteligencia nacional John Ratcliffe y el asesor Stephen Miller, argumenta que el mandatario venezolano encabeza una red de narcotráfico responsable de introducir drogas al país norteamericano. El senador ha citado la acusación del Departamento de Justicia de 2020 que vincula a Maduro y a altos funcionarios venezolanos con actividades del narcotráfico, calificándolo como un «fugitivo de la justicia estadounidense».
En las últimas semanas, el ejército de Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, que según la administración transportaban drogas vinculadas a organizaciones criminales venezolanas. Estos ataques han dejado al menos 17 muertos y han generado preocupación entre expertos en derecho internacional, quienes cuestionan su legalidad.
Además, el Pentágono ha desplegado más de 6.500 efectivos en la región caribeña como parte de una estrategia de disuasión. Según fuentes de la Casa Blanca, ya se están considerando operaciones militares más directas contra objetivos en Venezuela vinculados al narcotráfico, aunque estas aún no han sido formalmente autorizadas.
Una orden ejecutiva secreta firmada por Trump en julio autorizó al ejército a actuar contra cárteles que su gobierno ha catalogado como “organizaciones terroristas”. El propio Trump ha descrito recientemente estas operaciones como una campaña militar contra redes criminales lideradas por Maduro. “Los borraremos de la existencia”, afirmó durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
Mientras tanto, sectores de la oposición venezolana, mayoritariamente en el exilio, aseguran estar en comunicación con funcionarios estadounidenses y trabajando en un plan de transición política para las primeras 100 horas después de una eventual caída de Maduro.
Los planes de la oposición también incluyen coordinar acciones diplomáticas, financieras y de inteligencia con otros gobiernos para asegurar una transición ordenada.
Rubio ha mantenido encuentros con líderes opositores y ha expresado su apoyo a Machado, a quien ha apodado la “Dama de Hierro Venezolana”. También ha reafirmado que el objetivo de la administración es combatir una red criminal que ha capturado el poder en Venezuela y amenaza la estabilidad regional.
Diplomacia vs. intervención militar
Sin embargo, dentro del propio gobierno estadounidense existen diferencias sobre el camino a seguir. Richard Grenell, enviado especial de Trump a Venezuela y figura influyente en círculos diplomáticos, ha advertido contra una intervención militar directa. Grenell aboga por una solución diplomática que permita proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos sin involucrarse en una guerra prolongada.
En declaraciones recientes, Grenell señaló que aún hay espacio para el diálogo y recordó que ya ha logrado acuerdos con el gobierno venezolano, como la liberación de ciudadanos estadounidenses y la coordinación para la devolución de migrantes.
En respuesta, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez negó que su país sea un actor relevante en el tráfico internacional de drogas y acusó a Washington de usar el tema del narcotráfico como pretexto para buscar un “cambio de régimen”. También reveló que el presidente Maduro envió una carta personal a Trump a principios de septiembre, solicitando diálogo. La Casa Blanca confirmó la recepción del documento, pero lo desestimó públicamente.
Legalidad cuestionada y justificaciones oficiales
Desde el punto de vista del derecho internacional, las acciones militares sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin el consentimiento del país afectado se consideran ilegales. No obstante, la administración Trump podría justificar su intervención si Edmundo González, a quien Estados Unidos reconoce como presidente legítimo, da su consentimiento formal a una intervención militar.
La Casa Blanca ha defendido las operaciones en el Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico y ha señalado que la crisis de sobredosis en Estados Unidos, especialmente por fentanilo, justifica la adopción de medidas extraordinarias. No obstante, informes de la DEA y de la ONU indican que Venezuela no es una fuente primaria de drogas hacia Estados Unidos, y que la mayoría del fentanilo proviene de laboratorios en México.
Aun así, Trump y sus aliados continúan posicionando a Maduro como el principal obstáculo para la seguridad hemisférica y como un objetivo legítimo dentro de su cruzada contra el narcotráfico.
A pesar de las divisiones internas, las presiones sobre Maduro se incrementan desde varios frentes: sanciones económicas, aislamiento diplomático y ahora, la amenaza de operaciones militares más amplias. Sin embargo, el régimen venezolano aún conserva el respaldo de sectores clave del ejército y mantiene relaciones con actores internacionales como Rusia, China e Irán.
Mientras tanto, la población venezolana, golpeada por años de crisis económica, represión y migración masiva, sigue esperando una solución definitiva que conduzca al restablecimiento de la democracia y la estabilidad en el país.
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