La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó este martes con firmeza la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero al mismo tiempo manifestó un claro interés en dialogar con el Gobierno de Donald Trump para restablecer una oficina de monitoreo de derechos humanos en el país sudamericano. El personal de la ONU fue expulsado de Venezuela en febrero de 2024.
Según su portavoz, Ravina Shamdasani, el organismo se mantiene «abierto» a retomar el diálogo con las autoridades estadounidenses para su reinstalación, «incluso estando en desacuerdo» con la acción militar que culminó con la extracción del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Shamdasani, en una contundente rueda de prensa en Ginebra, calificó de «inaceptable usar argumentos relacionados con los derechos humanos para justificar este tipo de intervención militar».
«No pretendamos que esta es una acción tomada para defender los derechos humanos de nadie», insistió la portavoz, desvinculando categóricamente la operación militar de cualquier propósito humanitario legítimo.
Al contrario, la Oficina de Derechos Humanos advirtió de las graves implicaciones que la acción estadounidense tiene para la seguridad global. Shamdasani aseveró que este acto hace que todos los Estados del mundo sean «menos seguros» y «envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran». La portavoz enfatizó que tales acciones socavan la arquitectura internacional de paz y seguridad. «Debilita el mecanismo que tenemos, concretamente las Naciones Unidas, para prevenir nuevos conflictos, incluso una tercera Guerra Mundial», agregó con preocupación.
El drama humanitario persiste más allá del cambio político
Mientras la comunidad internacional debate las consecuencias de la intervención, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) señaló que la crisis humanitaria en Venezuela sigue siendo una realidad diaria para millones de personas. Su portavoz, Jens Laerke, indicó que, aunque los eventos a nivel político son «muy dramáticos», el día a día para la gran mayoría de la población se mantiene con los mismos desafíos estructurales.
Laerke recordó la sombría evaluación realizada el año pasado por su organismo, donde se determinó que cerca de ocho millones de personas en Venezuela —aproximadamente un cuarto de la población total— se encontraban con necesidades humanitarias urgentes.
«Necesitan comida, nutrición, educación, servicios sanitarios, básicamente todas las cosas que el Estado de Venezuela no ha sido capaz de proveer a sus ciudadanos durante varios años», explicó, subrayando que la falta de servicios básicos es el núcleo de la crisis. Laerke recalcó que la respuesta de la comunidad humanitaria debe continuar y que cualquier cambio político necesita traducirse en mejoras tangibles e inmediatas para la población más vulnerable. La OCHA mantiene la esperanza de que el nuevo panorama permita un acceso más eficiente y seguro para entregar la ayuda esencial.
Movimientos migratorios y monitoreo fronterizo
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que, hasta el momento, los acontecimientos recientes no han provocado grandes movimientos masivos y descontrolados de personas a través de las zonas fronterizas del país. La ACNUR está en constante comunicación con los gobiernos de países vecinos, como Colombia, Brasil y Perú, monitoreando cualquier potencial ola migratoria que pudiera surgir como consecuencia del statu quo político y de seguridad. La agencia se mantiene en alerta para brindar asistencia inmediata y protección a cualquier persona que se vea forzada a abandonar Venezuela debido a la inestabilidad.
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