Una corte de apelaciones determinó que la administración de Donald Trump excedió su autoridad legal al intentar rescindir la protección migratoria para ciudadanos de Venezuela y Haití, aunque la implementación del fallo permanece pausada por el Tribunal Supremo.
Un revés judicial para la política migratoria actual
Un tribunal federal de apelaciones declaró este jueves que la administración de Donald Trump actuó de forma ilegal al rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela y Haití. La sentencia representa un giro significativo en la batalla legal por los derechos de los migrantes, reafirmando que las decisiones administrativas para retirar protecciones humanitarias deben estar estrictamente sujetas a los marcos legales establecidos por el congreso.
El Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó de esta manera el dictamen previo de un tribunal de menor instancia. Según la resolución, la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobrepasó sus facultades ejecutivas al ordenar el fin de este programa. Los magistrados señalaron que la justificación técnica utilizada para la cancelación no cumplía con los estándares de revisión necesarios para un programa de esta magnitud.
El impacto real y las limitaciones del fallo
Pese a la contundencia del fallo judicial, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato sobre la situación de los beneficiarios. Esto se debe a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado mes de octubre que la medida de cancelación entrara en vigor de forma provisional. Actualmente, los magistrados de la máxima instancia judicial del país se encuentran deliberando sobre el fondo del asunto, lo que mantiene a miles de familias en un limbo legal mientras se espera un veredicto final y definitivo.
El gobierno de Estados Unidos procedió a la eliminación del TPS para los venezolanos en 2025. El argumento principal de la administración fue que las condiciones socioeconómicas y políticas en el país sudamericano habían mostrado una mejoría suficiente como para considerar que el retorno de sus ciudadanos ya era seguro. No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos en política exterior han cuestionado duramente esta premisa, calificándola de apresurada y alejada de la realidad sobre el terreno.
Incertidumbre para miles de familias protegidas
Esta medida afecta directamente a aproximadamente 350.000 venezolanos, quienes, tras la cancelación, se enfrentan a la pérdida inminente de su protección contra la deportación y de sus autorizaciones legales para trabajar. La incertidumbre también se extiende a la comunidad haitiana, ya que el panel judicial confirmó que la secretaria Kristi Noem también excedió su autoridad al decidir poner fin anticipadamente al estatus para cientos de miles de personas procedentes de Haití.
El caso subraya la tensión constante entre el poder ejecutivo y el judicial en materia de inmigración. Mientras el gobierno busca restringir los programas de alivio migratorio, los tribunales de apelaciones actúan como un contrapeso, exigiendo que cualquier cambio en las políticas de protección cumpla con el debido proceso. Por ahora, los afectados deberán esperar a que el Tribunal Supremo emita su palabra final para saber si podrán mantener su vida legal en suelo estadounidense.
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