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El gobierno trinitense extiende el modelo de regularización de 2019 a todas las nacionalidades, permitiendo el acceso al empleo legal bajo advertencia de deportación para quienes no participen.
El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dado un paso significativo en su política migratoria al anunciar el lanzamiento de un nuevo proceso de regularización masiva. A partir de la próxima semana, el estado caribeño comenzará a registrar a todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular dentro de su territorio. Esta iniciativa busca replicar y expandir el éxito del programa implementado en 2019, con el objetivo primordial de otorgar permisos de trabajo legales y ordenar la fuerza laboral migrante en el país.
Una medida inclusiva para todas las nacionalidades presentes
A diferencia de los esfuerzos anteriores, que se centraron exclusivamente en el flujo migratorio proveniente de Venezuela, esta nueva convocatoria no hará distinciones de origen. El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, enfatizó durante su intervención del jueves por la noche que la administración actual busca una gestión integral del fenómeno migratorio. Según explicó el titular de la cartera, el objetivo es formalizar la estancia de miles de personas que actualmente contribuyen a la economía local desde la informalidad.
«Esto ya se había hecho en el 2019 bajo la pasada administración. Sin embargo, en aquel momento solo era para los venezolanos, a quienes se les requirió registrarse. Ahora, queremos que sean todos», afirmó Alexander. Esta decisión refleja un cambio en la estrategia gubernamental, priorizando la seguridad nacional y la transparencia en el mercado laboral mediante la identificación plena de los residentes extranjeros.
Requisitos y fases del proceso de registro digital
Para facilitar la logística y garantizar la seguridad sanitaria y administrativa, el proceso se dividirá en varias etapas, comenzando con una fase virtual. Los solicitantes deberán ingresar sus datos en el portal oficial migrantregistration.gov.tt. Una vez completado el formulario en línea, los migrantes serán citados para una entrevista presencial en diversas dependencias gubernamentales distribuidas por el país.
Para completar el trámite con éxito, el Ministerio de Seguridad Nacional ha solicitado a los interesados preparar los siguientes documentos e información:
Documento de identidad vigente o algún método de identificación oficial.
Una dirección física de residencia verificable en el país.
Información detallada sobre su lugar de empleo actual, en caso de estar trabajando.
Costos asociados y beneficios de la tarjeta migratoria
Tras superar la fase de entrevista y la verificación de antecedentes, los beneficiarios recibirán una tarjeta de registro migratorio. Este documento servirá como prueba de estancia legal y habilitará al portador para ser contratado de manera formal por empresas locales. El costo del trámite se ha fijado en aproximadamente 103 dólares para los adultos, mientras que los menores de edad quedarán exentos de este pago para asegurar la protección de los derechos de la infancia.
El ministro Alexander destacó que el uso de herramientas digitales mejorará la precisión de las estadísticas migratorias. «Este Gobierno tiene la intención de hacer las cosas diferente», aseguró el funcionario, subrayando que la data obtenida permitirá diseñar mejores políticas públicas para la integración de los extranjeros en la sociedad trinitense.
Consecuencias legales para quienes omitan el llamado oficial
A pesar de la apertura al diálogo y la regularización, el Gobierno ha sido enfático en las consecuencias del incumplimiento. El registro no es opcional para aquellos que deseen permanecer en el país. Alexander advirtió que las autoridades de seguridad intensificarán las labores de vigilancia tras el cierre del periodo de registro. Aquellos migrantes indocumentados que sean detenidos y no posean su comprobante de trámite o su tarjeta de registro migratorio, enfrentarán procesos de deportación inmediata a sus países de origen conforme a la legislación vigente.
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