El Gobierno de Trinidad y Tobago ha ejecutado un drástico giro en su política migratoria, reduciendo el número de permisos de trabajo expedidos a ciudadanos venezolanos en un 82% en un año. Esta medida se enmarca en una escalada de tensiones diplomáticas y un aumento de las preocupaciones sobre la seguridad nacional.
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional, los permisos de trabajo aprobados para venezolanos cayeron de 4.275 en 2024 a tan solo 757 este año. Esta disminución masiva coincide con la distribución de un memorándum sobre la inminente deportación masiva de inmigrantes indocumentados detenidos.
Alerta por Agentes Infiltrados y Narcoterrorismo
La repentina urgencia de la directiva política es interpretada por expertos legales como una respuesta a una potencial amenaza a la seguridad. El abogado principal Criston J. Williams alertó a la prensa sobre el riesgo que representa la presencia de migrantes indocumentados.
“Tenemos que evaluar si, primero, existen narcoterroristas en nuestro país de los que no tenemos conocimiento, y segundo, si existe algún plan para socavar a las autoridades. Venezuela podría tener agentes infiltrados en nuestro país. Simplemente no lo sabemos,” afirmó Williams.
Esta preocupación se ve agravada por los altos índices de violencia que han afectado a la comunidad venezolana: 55 ciudadanos fueron asesinados en Trinidad y Tobago entre 2020 y agosto de este año, con siete de esos casos clasificados como relacionados con el narcotráfico.
Contexto de Tensión Geopolítica
La crisis migratoria se superpone a una tensión geopolítica regional. El gobierno de Venezuela, a través del ministro Diosdado Cabello, rechazó los planes de deportación, sugiriendo que la medida forma parte de un plan mayor para introducir mercenarios encubiertos en territorio venezolano.
La desconfianza mutua se intensificó con el reciente atraque en Puerto España del USS Gravely, un destructor de misiles guiados de Estados Unidos. Este movimiento llevó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a instar al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos “meta una guerra en el Caribe”.
La reducción de permisos y la inminente deportación masiva marcan un endurecimiento de la política migratoria de Trinidad y Tobago, cerrando el marco de registro implementado en 2019 que permitió la entrada legal a 16.523 venezolanos.
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