La estrategia energética impulsada por Washington incluye la reactivación de licencias para multinacionales y busca atraer millonarias inversiones hacia los yacimientos del país sudamericano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este jueves 23 de julio que el secretario de Energía, Chris Wright, se encuentra al frente de las operaciones en Venezuela, destacando y reconociendo públicamente la labor desempeñada en el cargo.
Las declaraciones del gobernante se produjeron durante un acto institucional llevado a cabo en las instalaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde puntualizó que Wright encabeza la dirección de asuntos en territorio venezolano con un desempeño sobresaliente. Al ser consultado sobre el balance de esta intervención, el mandatario republicano manifestó que se están obteniendo beneficios sustanciales, justificándolos bajo el argumento de haber sido una acción de rápida resolución.
Cabe recordar que Chris Wright realizó una visita oficial a Venezuela el pasado 11 de febrero de 2026, instancia en la que sostuvo encuentros con Delcy Rodríguez y recorrió complejos petroleros. Dicho desplazamiento diplomático y técnico se concretó luego de que la administración estadounidense flexibilizara las medidas restrictivas impuestas al mercado energético nacional.
Aquella misión oficial tuvo como propósito central reactivar la industria petrolera local, inspeccionar los campos de extracción y consolidar los entendimientos bilaterales en materia de energía entre Washington y las autoridades venezolanas emergentes.
Como seguimiento a estas gestiones, el Departamento del Tesoro emitió los días posteriores las licencias generales 49 y 50, habilitando a corporaciones internacionales como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol para restablecer sus operaciones y canalizar capitales frescos en las áreas de petróleo y gas bajo supervisión de EE. UU.
Paralelamente, Wright ha consolidado una posición central en la ejecución de la política energética estadounidense hacia el país caribeño, liderando los diálogos con las compañías del ramo y fiscalizando el esquema de comercialización de crudo.
La administración norteamericana apunta a captar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones enfocadas en la recuperación productiva, otorgando prioridad a corporaciones de su país mientras conserva la administración de los recursos financieros generados por la venta del hidrocarburo.
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