La Casa Blanca busca evitar el despliegue prolongado de tropas del Pentágono recurriendo a firmas de seguridad privada.
El plan tiene como objetivo ofrecer garantías de protección a las multinacionales petroleras para reactivar la producción local.
En un giro estratégico para la política exterior y energética, el gobierno del presidente Donald Trump estudia la contratación de servicios militares privados para asegurar los activos críticos de petróleo y energía en Venezuela. Según informes obtenidos por CNN, esta medida busca estabilizar el sector sin la necesidad de mantener una presencia militar oficial de EE. UU. a largo plazo.
El enfoque responde a la reticencia del mandatario a involucrar a las tropas del Pentágono en misiones terrestres extensas, optando en su lugar por un modelo de seguridad corporativa que ya ha sido probado en otros escenarios de conflicto.
Garantías para la inversión extranjera
Uno de los principales retos para la Casa Blanca es persuadir a las gigantes petroleras de que Venezuela es un entorno seguro para operar tras años de inestabilidad. La reactivación de la industria de hidrocarburos se considera la piedra angular para la recuperación económica en una eventual etapa pos-Maduro. Sin embargo, el riesgo que representan los cárteles y grupos irregulares exige un plan de protección robusto para las instalaciones estratégicas.
A diferencia de los despliegues convencionales, el uso de contratistas permitiría una mayor flexibilidad operativa. El potencial de este mercado es masivo: se estima que, durante el conflicto en Irak, Estados Unidos destinó cerca de 138.000 millones de dólares a servicios privados de seguridad, logística y reconstrucción.
Actores clave en el terreno
Diversas organizaciones ya han comenzado a movilizarse ante la posibilidad de este nuevo despliegue:
Grey Bull Rescue Foundation: Esta firma, compuesta por veteranos de fuerzas especiales, ya cuenta con experiencia operativa reciente en la región y habría facilitado la salida encubierta de María Corina Machado el año pasado. Su fundador, Bryan Stern, confirmó que el debate sobre la seguridad de activos está plenamente activo.
Departamento de Defensa y de Estado: Ambas instituciones han iniciado consultas técnicas para evaluar la capacidad de respuesta de los contratistas y las necesidades logísticas ante una eventual reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.
Erik Prince: El fundador de Blackwater y aliado cercano de la administración también ha sido señalado por fuentes internas como un actor probable en la configuración de estos planes de seguridad.
Fase de planificación
Aunque las conversaciones se encuentran en una etapa inicial, el Departamento de Defensa ya ha emitido solicitudes de información para medir el alcance de los contratistas privados. El objetivo final es crear un «paraguas de seguridad» que permita el flujo de capital extranjero hacia las refinerías y campos petroleros venezolanos, minimizando el costo político y militar para Washington.
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