La administración de Donald Trump arremete contra el tribunal de La Haya mediante restricciones financieras y un veto explícito a sus operaciones, en respuesta a lo que califica como una amenaza ilegítima contra la soberanía estadounidense.
En una escalada sin precedentes en su política exterior, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes 9 de octubre de 2026 un paquete de drásticas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La medida se concretó pocas horas después de que se revelara que la exjueza del organismo y reconocida defensora de los derechos humanos, la sudafricana Navi Pillay, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Desde el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, ratificó que la ofensiva legal y financiera busca neutralizar el radio de acción del tribunal radicado en La Haya. «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», sentenció el funcionario, al tiempo que advirtió que la institución representa un cuerpo político hostil para las democracias que no reconocen su jurisdicción.
Restricciones financieras y excepciones operativas
El esquema punitivo contempla la prohibición absoluta de transacciones comerciales y financieras con la corte, bloqueando sus recursos económicos y limitando su capacidad logística. Pese a la dureza de las restricciones, el Departamento del Tesoro emitió de forma paralela un conjunto de licencias generales orientadas a resguardar intereses específicos de Washington, autorizando de manera excepcional transacciones limitadas vinculadas a servicios de telecomunicaciones, software, pagos de pensiones y la gestión legal de detenidos bajo la tutela del tribunal.
Defensa de la soberanía y rechazo a investigaciones
El núcleo de la justificación de la Casa Blanca radica en blindar a los ciudadanos estadounidenses —especialmente al personal militar en servicio activo, agentes de seguridad fronteriza y funcionarios electos— frente a posibles investigaciones por presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad.
«Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses», aseveró Rubio, quien reiteró la determinación de mantener una campaña frontal orientada a cuestionar la legalidad de las actuaciones del organismo internacional hasta que cesen las causas que afectan a nacionales norteamericanos.
Anadolu Ajansı
Por su parte, la Corte Penal Internacional —integrada por 125 Estados partes, al margen de potencias como Estados Unidos y Turquía— ha rechazado de manera categórica las medidas coercitivas, calificándolas como un intento de obstaculizar la impartición de justicia global e independiente.
Diariorepublica.com
