La Fiscalía General de Estambul ha elevado drásticamente la tensión diplomática al emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros 36 miembros del alto mando militar y del gobierno de Israel. La acción se fundamenta en graves acusaciones de «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» cometidos en la Franja de Gaza.
Acusaciones detalladas y cargos
La orden judicial abarca a figuras clave del aparato de seguridad israelí, incluyendo al ministro de Defensa, Israel Katz; al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; al jefe del Estado Mayor General israelí, Eyal Zamik; y al comandante de las Fuerzas Navales israelíes, David Saar Salama.
El comunicado de la Fiscalía turca es contundente, señalando que los funcionarios israelíes son «penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza». La investigación turca se basa en una serie de eventos específicos:
Bombardeos contra hospitales en Gaza, que han causado la muerte de miles de personas, incluyendo mujeres y niños, y han dejado zonas residenciales inhabitables.
La trágica muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024, un caso que generó indignación internacional.
La operación militar israelí contra la Flotilla Global Sumud a finales de septiembre en aguas internacionales.
Denuncia del bloqueo y ataques a la Flotilla
La denuncia no solo se centra en la ofensiva militar en Gaza, sino también en el bloqueo impuesto que, según la Fiscalía, ha impedido el acceso de la población palestina a la ayuda humanitaria vital.
Respecto al incidente de la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda al enclave, la Fiscalía ha abierto una investigación separada por los presuntos delitos de tortura, saqueo agravado, daños a la propiedad y secuestro o detención de medios de transporte. La Fiscalía considera que hay indicios de «tortura» contra los activistas, subrayando la determinación de Turquía de perseguir legalmente las acciones de Israel no solo en tierra palestina sino también contra activistas en aguas internacionales.
Implicaciones legales y contexto internacional
La emisión de una orden de detención por parte de un país soberano contra el jefe de gobierno de otro Estado es un episodio diplomático y legal inédito. Aunque estas órdenes tienen un alcance principalmente simbólico y político, generan graves restricciones a la movilidad de los acusados.
Restricciones de viaje: La orden significa que si Netanyahu o cualquiera de los 36 funcionarios señalados ingresan a territorio turco, las autoridades de Estambul estarían legalmente obligadas a detenerlos y llevarlos ante la justicia.
Deterioro diplomático: Esta acción consolida la posición de Turquía, bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdoğan, como uno de los críticos más feroces de la campaña militar israelí. La orden complicará aún más las ya tensas relaciones bilaterales entre Ankara y Jerusalén.
La medida de la Fiscalía de Estambul se produce en un contexto en el que la Corte Penal Internacional (CPI) ya había emitido órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Turquía había celebrado efusivamente la decisión de la CPI, calificándola como un paso «esperanzador para el futuro de la humanidad». Israel, al igual que sus aliados como Estados Unidos, han rechazado enérgicamente todas estas acciones judiciales, calificándolas de «indignantes» y como un intento de politizar la justicia internacional.
Turquía ha insistido en que su posición busca un alto el fuego que desemboque en un proceso de paz duradero y en la creación de un Estado palestino.
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