El Gobierno de Volodímir Zelensky investiga como posibles ejecuciones las muertes de 263 soldados ucranianos que habrían sido asesinados tras rendirse o ser hechos prisioneros por los rusos, según dijo la Fiscalía este lunes en un comunicado.
La Fiscalía también investiga como asesinatos las muertes en julio de 2022 en un penal situado en Olénivka, en la zona ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk, de 59 prisioneros de guerra ucranianos en una explosión en los barracones que Kiev cree que se produjo desde dentro y atribuye a los rusos, reseñó Infobae.
Según la nota, la oficina del fiscal general ya ha abierto 80 casos por estas supuestas ejecuciones y nueve soldados rusos han sido acusados formalmente ante la justicia como responsables de estos crímenes. Ucrania efectúa normalmente estos procedimientos en ausencia.
Ucrania suele documentar estos casos por vídeos aparecidos en las redes sociales o grabados por drones de su Ejército en los que se aprecian los momentos posteriores al apresamiento de los soldados ucranianos en el campo de batalla.
Kiev y los prisioneros de guerra ucranianos que han retornado a Ucrania en intercambios denuncian además torturas sistemáticas durante su cautiverio en Rusia.
Según el Ministerio del Interior de Ucrania, en septiembre había cautivos en Rusia más de 2.500 soldados ucranianos.
En septiembre, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lanzó un informe sobre el trato de Rusia a los prisioneros de guerra ucranianos. Según el documento, elaborado por tres juristas internacionales independientes, Moscú ha convertido la tortura y las ejecuciones sumarias en prácticas sistemáticas contra los cautivos del conflicto iniciado en febrero de 2022.
El reporte, firmado por expertos de Francia, la República Checa y Suecia, concluye que los patrones documentados “pueden constituir crímenes de guerra y, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad”.
La OSCE no se limitó a describir abusos: recomendó explícitamente que la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya asuma la investigación de los hechos. El tribunal ya examina la deportación forzada de niños ucranianos y los ataques deliberados contra la población civil.
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