
En una movida diplomática de máxima urgencia, el Gobierno de Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La petición surge tras la incursión militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada de este sábado, que ha dejado al país en una situación de incertidumbre institucional tras la captura del presidente Nicolás Maduro.
Un llamado al Derecho Internacional
A través de una misiva enviada al embajador de Somalia, Abukar Dahir Osman (quien preside el Consejo), y al secretario general de la ONU, António Guterres, la representación venezolana exigió:
Condena inmediata: Que el organismo internacional califique las acciones de Washington como «actos de agresión».
Cese de hostilidades: El fin de los bombardeos y ataques armados en territorio nacional.
Rendición de cuentas: Establecer mecanismos para que la administración Trump responda por lo que Caracas califica como «crímenes de agresión».
Balance de la ofensiva: Ataques en el corazón del país
El comunicado oficial detalla que las fuerzas estadounidenses lanzaron bombardeos «brutales y unilaterales» contra objetivos civiles y militares en la capital, Caracas, así como en los estados estratégicos de Miranda, Aragua y La Guaira.
La denuncia venezolana resalta que, además de los ataques aéreos, unidades de fuerzas especiales ejecutan operaciones en diversos puntos del país apoyadas por helicópteros y aviones de combate, lo que constituye una «violación flagrante» a la Carta de la ONU sobre la soberanía e integridad territorial.
El paradero de Maduro: Incertidumbre total
La crisis escaló tras las declaraciones de Donald Trump en Truth Social, donde confirmó el éxito de un ataque «a gran escala» que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asegurando que ambos fueron «sacados por aire del país».
Ante este escenario, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, rompió el silencio para denunciar que el Gobierno desconoce el paradero actual del mandatario y su cónyuge, elevando el tono de la denuncia ante la comunidad internacional por lo que consideran un secuestro de Estado en medio de una invasión militar.
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