Transcurridos cuatro meses de la contingencia telúrica que afectó al litoral central y diversas entidades del país, las labores de rescate y recuperación de restos continúan activas en la región costera, en medio de llamados de familiares y ONG para esclarecer la cifra definitiva de víctimas e intensificar la asistencia institucional.
El reporte más reciente incluye la localización del cuerpo del ciudadano Gustavo Riascos (51) en el conjunto Residencias Caribe de Caraballeda, estructura en la que grupos de búsqueda voluntarios han rescatado 11 personas en las últimas dos semanas.
Denuncias sobre opacidad e identificación
Representantes del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) denunciaron inconsistencias en la gestión de la crisis, señalando que los balances oficiales permanecen detenidos desde el 24 de agosto, fecha en la que se contabilizaban 6.509 fallecidos, cifra que difiere de proyecciones independientes que estiman el saldo de víctimas entre 10.000 y 20.000.
De igual forma, la organización alertó sobre fallas críticas en la cadena de custodia y los mecanismos de identificación visual de cadáveres en las morgues temporales habilitadas en la entidad, instando al Estado a requerir asistencia técnica internacional para garantizar la entrega certera de los restos a sus allegados.
Incertidumbre en planes de reconstrucción
Por su parte, la Red de Sobrevivientes de La Guaira ha solicitado la publicación de datos auditables respecto al avance real en la remoción de escombros, servicios públicos y la adjudicación de soluciones habitacionales. Aunque el Ejecutivo nacional informó la entrega de más de 3.000 viviendas reestructuradas a nivel nacional y la reubicación de 7.336 personas, las vocerías locales destacan que al menos 14.000 ciudadanos continúan pernoctando en 28 refugios transitorios distribuidos en sectores como Caraballeda, Tanaguarena y Mare Abajo.
Los voceros del gremio docente y comunitario concluyeron que resulta prioritario definir el cierre formal de la fase de socorro primario para avanzar hacia un plan de reconstrucción organizado que garantice el restablecimiento económico y la seguridad jurídica de la población afectada.
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