La Asamblea Nacional dio inicio formal este lunes al debate para modificar la normativa aprobada en 2017, la cual ha sido históricamente cuestionada por sectores de oposición y ONG debido a su aplicación, mientras el oficialismo defiende el proceso como una vía para fomentar la convivencia democrática.
La Asamblea Nacional (AN) procedió este lunes 5 de octubre a la instalación oficial de la comisión especial encargada de redactar el proyecto para la reforma de la Ley contra el Odio, una norma que desde su promulgación ha generado intensos debates y duros cuestionamientos por parte de diversas organizaciones no gubernamentales que han exigido su derogación definitiva.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Parlamento dio cuenta del acto de instalación, destacando las declaraciones del diputado chavista Pedro Infante, quien asumió la presidencia de la instancia legislativa. «Tenemos una gran oportunidad con la reforma de esta Ley constitucional contra el odio, y es que va a permitir reencontrarnos con todo el país, con la paz, la convivencia, la tolerancia, el reconocimiento pero por sobre todas las cosas la convivencia democrática», manifestó el parlamentario durante el inicio de las labores.
La conformación de esta comisión, integrada por un total de 11 diputados, fue aprobada el pasado martes 29 de septiembre por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras una solicitud formal interpuesta por Delcy Rodríguez. El equipo de trabajo está liderado por Pedro Infante en su condición de primer vicepresidente del Legislativo, e incluye a los parlamentarios oficialistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, además de contar con la representación opositora de los diputados Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
La iniciativa de revisión legislativa surge en un contexto marcado por fuertes reparos de la sociedad civil. Informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Foro Penal, señalan que al menos 927 personas han sido procesadas bajo la acusación de «incitación al odio» desde la entrada en vigencia de la ley a finales de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, registros de entidades como Cecodap documentaron la imputación de 118 menores de edad entre 2024 y 2025, período convulsionado tras la crisis política desatada a raíz de las elecciones presidenciales de 2024.
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