El parlamento busca activar al sector privado y la banca tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes, en primer debate, un proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. La iniciativa busca acelerar la construcción de viviendas en el país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, cuyas pérdidas habitacionales han sido estimadas preliminarmente por el gobierno en unas 25.000 unidades. Esta reforma legislativa representa el primer paso político y jurídico para intentar dar respuesta habitacional a las miles de familias afectadas en la región central del país.
Impulso al sector privado y financiamiento
El primer vicepresidente del parlamento, Pedro Infante, señaló durante la sesión ordinaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión que la reforma tiene como objetivo principal promover la edificación de soluciones habitacionales con un enfoque adaptado a las realidades económicas actuales. El legislador oficialista explicó que el proyecto, que ahora deberá pasar a un segundo debate para su sanción definitiva, busca garantizar mejores condiciones de seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un proceso agresivo de construcción.
El cambio normativo clave radica en destrabar el esquema de precio rígido que actualmente rige en el sector legal inmobiliario. Según Infante, este sistema impide absorber las variaciones de los costos de los materiales e insumos durante la ejecución de las obras. La reforma permitirá que las partes acuerden libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor en función de las fluctuaciones reales del mercado de valores y construcción. Asimismo, se eliminará el límite legal restrictivo que obligaba a culminar las obras en un plazo máximo de 24 meses, flexibilizando los tiempos de entrega.
Estímulo bancario y consenso político
La propuesta legislativa también contempla la estimulación de la banca pública y privada para el otorgamiento de créditos dirigidos al desarrollo de proyectos inmobiliarios, eliminando lo que el bloque parlamentario considera riesgos regulatorios desproporcionados. Por su parte, la diputada opositora Alejandra Rodríguez reconoció la importancia de actualizar el marco jurídico del sector, señalando que la ley debe procurar un equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada y el impulso a la inversión responsable.
La parlamentaria Rodríguez enfatizó la necesidad de que la consulta pública de esta reforma escuche de forma vinculante a todos los actores involucrados, tales como propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias, constructoras y gremios de especialistas independientes. Un marco legal verdaderamente sólido y aplicable en la crisis actual solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de la sociedad civil organizada.
Censo biométrico en zonas afectadas
La urgencia de la reforma responde a la magnitud de los daños causados por el reciente evento telúrico. El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, estimó el pasado sábado que se requerirán al menos 25.000 viviendas nuevas para reubicar a los damnificados. Para afinar estas proyecciones, el gobierno inició un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas, Miranda y La Guaira, siendo este último el estado que registró los mayores daños estructurales tras el sismo.
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