Decanos de distintas facultades de derecho del país y representantes gremiales introdujeron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir el cumplimiento del artículo 91 constitucional y la dignificación del sector educativo.
En una jornada marcada por la unidad institucional, diversas autoridades de las facultades de derecho del país, acompañadas por líderes de los principales gremios docentes, se movilizaron hasta la sede del máximo tribunal de la república. El objetivo de esta comparecencia fue la consignación formal de una demanda que busca justicia salarial para los trabajadores del sector universitario, quienes denuncian una brecha insostenible entre sus ingresos actuales y el costo real de la vida en el país.
El respaldo jurídico de la máxima casa de estudios
La presencia de los decanos de las facultades de derecho otorga a esta acción un peso institucional significativo. Estos académicos, expertos en la interpretación de la norma jurídica, fundamentaron la demanda en la vigencia del artículo 91 de la constitución. Los voceros explicaron que el estado tiene la obligación de garantizar un salario que permita a los ciudadanos vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar, un precepto que consideran vulnerado sistemáticamente durante los últimos años.
Representación gremial en pie de lucha activa
Durante la concentración en las afueras del organismo judicial, se hizo sentir el respaldo del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. A esta coalición se sumaron figuras clave de la asociación de profesores de la Universidad central de Venezuela y representantes de la Universidad Simón Bolívar. Esta alianza entre la academia y las bases trabajadoras refleja la profundidad de la crisis que atraviesa la educación superior, donde la deserción de investigadores y docentes se ha convertido en una preocupación nacional constante.
Exigencias basadas en el mandato constitucional docente
La profesora Karina Molina, actuando como vocera del sector docente, fue enfática al declarar que la solicitud no es una simple petición de mejoras, sino una exigencia de cumplimiento legal. Molina destacó que el artículo 91 es el eje central de sus reclamos, pero subrayó que existen otras disposiciones constitucionales vinculadas a la educación y la investigación que también están siendo ignoradas. Según la representante, sin una inversión real en el capital humano, el futuro de la ciencia y la formación profesional en el país se encuentra en un riesgo crítico.
Impacto de la precariedad en la investigación científica
La demanda no solo contempla el ajuste de las tablas salariales, sino que también hace énfasis en los beneficios sociales y los presupuestos destinados a la investigación universitaria. Los asistentes recalcaron que un profesor universitario no solo requiere un sueldo para subsistir, sino que el sistema debe proveer las condiciones necesarias para el desarrollo del conocimiento. La falta de insumos, la desinversión en bibliotecas y laboratorios, y la ausencia de seguridad social integral forman parte del expediente entregado ante los magistrados.
Próximos pasos en la agenda de movilización
Tras la entrega del documento, los representantes de la APUCV y de la Universidad Simón Bolívar anunciaron que se mantendrán en sesión permanente. La expectativa ahora recae sobre la respuesta que brinde el tribunal, mientras los gremios organizan nuevas jornadas de visibilización en todo el territorio nacional. Los universitarios aseguran que este es solo el inicio de una ruta jurídica y de protesta pacífica que no se detendrá hasta que se restablezca el valor del trabajo académico y se respete la jerarquía de la carta magna
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