Integrantes de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) de Venezuela emitieron un comunicado en el que rechazan las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional para la reforma policial, Freddy Bernal, quien afirmó que un “homosexual puede ser funcionario policial siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual ya que en contra la estructura de formación de lo que debe ser un oficial”.
El también diputado a la Asamblea Nacional dio las declaraciones durante una entrevista en televisión por el programa de Wladimir Villegas.
“El diputado desconoce que la orientación sexual de un ser humano no lo hace inferior en ningún sentido ni incapaz de ejercer una función pública ni privada”, ratifica Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, quien observa que Bernal ignora todas las declaraciones internacionales en favor de la comunidad sexodiversa y legislaciones en pro de la igualdad ya vigentes en países como Uruguay, Brasil y Argentina.
“Se trata de un terrible error que puede identificarse como homofobia”, considera Piermattei, quien alerta sobre la concepción que encubre esa declaración sobre los homosexuales como “seres depravados” que perjudican a la sociedad. “Es igual una falta de respeto a la envergadura de la institución”.
Para la coordinadora general de la Red LGBT de Venezuela, Quiteria Franco, la afirmación de Bernal “va en consonancia con la política y conducta del gobierno y su homofobia de Estado”. La considera “violatoria de la Constitución y es discriminatoria, ya que impide el libre desenvolvimiento de la personalidad establecido en artículo 20.
A criterio de Franco, quien se encuentra en Washington denunciando la situación de la comunidad LGBT en Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las palabras del diputado también violan el artículo 21, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo ni condición social. Además, violenta el artículo 60, referido al derecho de toda persona a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
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