El diputado a la Asamblea Nacional reconoce excesos en la aplicación de normativas y revisiones de dispositivos móviles sin orden judicial en Venezuela.
La reciente declaración de Jorge Arreaza ha generado un impacto inmediato en la opinión pública al abordar temas sensibles sobre los derechos civiles y la actuación de los cuerpos de seguridad. En una intervención que busca balancear la autocrítica con la justificación institucional, el funcionario admitió que se han presentado situaciones de uso «irregular y desproporcionado» de la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esta admisión resulta significativa, dado que dicha ley ha sido cuestionada por diversos organismos internacionales desde su promulgación.
El reconocimiento de los excesos policiales
Durante su discurso, Jorge Arreaza señaló que la aplicación de la normativa no siempre se ha ajustado a los principios de proporcionalidad que deberían regir el Estado de derecho. El funcionario explicó que, en ciertos contextos de tensión política y social, algunos funcionarios han incurrido en prácticas que se alejan del espíritu original de la ley. Entre estas irregularidades, destacó de manera particular la revisión de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de ciudadanos sin que medie una orden judicial previa o una causa flagrante que lo justifique legalmente.
Este punto es crucial, pues la privacidad de las comunicaciones es un derecho protegido constitucionalmente. Arreaza admitió que estas revisiones ilegales de celulares representan una vulneración que debe ser corregida para preservar la confianza en las instituciones. No obstante, su análisis no se limitó únicamente a señalar el error, sino que también intentó contextualizar por qué ocurren estos fenómenos en el país.
La justificación del estado ante escenarios críticos
A pesar de reconocer estos errores, Jorge Arreaza sostuvo que en determinados escenarios de alta conflictividad, la actuación estatal resulta necesaria para evitar tragedias mayores. Según su visión, el Estado se ve obligado a intervenir de manera firme cuando detecta amenazas que podrían derivar en violencia generalizada o desestabilización del orden público. Esta postura sugiere que, para el Ejecutivo, existe una línea muy delgada entre la prevención de delitos graves y la extralimitación de las funciones policiales.
El diputado a la Asamblea Nacional argumentó que el objetivo de estas acciones, aunque a veces ejecutadas de forma incorrecta por individuos específicos, es garantizar la paz ciudadana. Afirmó que el uso de la fuerza y la vigilancia son herramientas que, bien empleadas, salvan vidas, aunque subrayó la necesidad de reeducar a los cuerpos de seguridad para que no crucen la frontera hacia la arbitrariedad.
Hacia una revisión de los protocolos internos
La admisión de Jorge Arreaza abre la puerta a una posible revisión de los protocolos de actuación de la Policía nacional bolivariana y otros cuerpos de inteligencia. Al hacer públicos estos fallos, se establece un precedente sobre la necesidad de supervisión externa y control de daños en la administración de justicia. El reto para el gobierno será demostrar que esta autocrítica se traduce en cambios tangibles, eliminando las detenciones basadas en criterios subjetivos permitidos por la ley del odio.
Finalmente, el debate queda servido sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con el respeto absoluto a las libertades individuales, un dilema que Jorge Arreaza ha puesto sobre la mesa de forma inédita.
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