La medida busca incorporar 500.000 viviendas desocupadas al mercado inmobiliario y utilizar fondos internacionales para concluir proyectos habitacionales paralizados.
En el marco del aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este martes una iniciativa de reforma a las leyes inmobiliarias nacionales. El proyecto tiene como objetivo central dinamizar el sector de arrendamientos y ampliar las opciones de alojamiento para la población.
De acuerdo con la mandataria, la propuesta apunta a movilizar un inventario de aproximadamente 500.000 viviendas que se mantienen desocupadas o fuera del circuito comercial bajo la figura de inmuebles “congelados”.
Un nuevo equilibrio entre propietarios e inquilinos
Rodríguez enfatizó que la reforma pretende establecer un marco jurídico que favorezca una relación más armónica y justa entre las partes involucradas. En este nuevo esquema, el Estado asumirá el rol de garante para velar por el cumplimiento estricto de los contratos y las condiciones de arrendamiento.
Finalización de obras y financiamiento internacional
Como parte de esta estrategia de vivienda, se han dictado las siguientes directrices:
Censo de proyectos: El ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Elieser Márquez, deberá realizar un despliegue nacional para ubicar desarrollos urbanísticos inconclusos.
Inyección de recursos: El Ejecutivo planea destinar fondos gestionados ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acelerar la culminación de estas obras.
Meta anual: La prioridad es incrementar la entrega de soluciones habitacionales antes de que finalice el año, beneficiando principalmente a los sectores con mayores dificultades de acceso a la propiedad.
Esta reforma se perfila como un eje clave en la política social del Gobierno para atacar el déficit habitacional mediante la optimización de la oferta ya existente y la reactivación de la construcción pública.
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