Luis Britto García, quien asumió la representación del Estado en la audiencia sobre libertad de expresión que se llevó a cabo ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa, podrá restringir la información sobre la seguridad de la nación que haya obtenido por sus propios medios, pero no la que obtengan otras personas u órganos de prensa.
“En nuestro país está prohibida la censura por mandato constitucional”, expresó Britto García. Leyó dos veces el artículo 9 del decreto de creación del Cesppa, reimpreso en Gaceta Oficialdel 25 de octubre de 2013, para insistir que sólo se trata del derecho a no divulgar la información en manos del Estado que pueda afectar la seguridad de la Nación: “Eso existe en todas las instituciones del planeta. Pregúntenle a Obama cómo funcionan los drones o cuántos presos tienen en la cárcel de Guantánamo? Nada indica que la información que esté en manos de otros será censurada”.
Los representantes de la organización no gubernamental Espacio Público advirtieron que la posibilidad de censura se fundamenta en la amplia discrecionalidad del Cesppa para declarar reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que, en forma unilateral, el gobierno considere que afecta la seguridad de la Nación. “Lo medular es que la Constitución indica que la clasificación de informaciones vinculadas a la seguridad de la nación se debe regular a través de una ley formal, emanada de la Asamblea Nacional, y no a través de un decreto, como es el caso del Cesppa”, puntualizó Carlos Correa, director de la ONG.
La relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, se hizo eco de las preocupaciones expuestas: “El Cesspa tiene facultades muy amplias y no incluye el establecimiento de la prueba del daño que justifique la reserva de la información. En materia de libertad de expresión las excepciones deben estar claramente determinadas en la ley”.
Más ataques. Sobre la censura (que no tiene que ver con la reciente creación del Cesppa), Espacio Público afirmó que en Venezuela hay 1 caso cada 4 días; que durante 2013 se han registrado 71, es decir, 87% más que en el mismo período del año anterior. La ONG especificó que la censura no solamente afecta a periodistas, sino también a humoristas, actores, escritores e infociudadanos.
Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad, indicó que entre el primero de enero y el 10 de octubre de 2013, se registraron 30 casos de censura vinculados a acciones legales contra medios y periodistas, lo cual representa 300% de incremento respecto a 2012. A modo de ejemplo, se refirió a la averiguación penal abierta contra el diario 2001por órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien sentenció que una información sobre la escasez de gasolina constituía terrorismo.
Menos garantías. Los derechos de propiedad y de asociación también fueron debatidos ayer en la CIDH.
Antonio Canova, de la ONG Un Estado de Derecho, denunció que las expropiaciones, confiscaciones y los llamados rescates de tierra se llevan a cabo sin suficientes garantías judiciales. “El Estado puede disponer de bienes privados antes de que haya una sentencia judicial definitiva y una justa indemnización”, afirmó.
Feliciano Reyna, de Sinergia, aseguró que el Estado viola el derecho a la asociación cuando impone un solo modelo de participación: las organizaciones del poder popular. Un estudio que abarcó 48 ONG indica que 60% ha sido fustigada por el gobierno por sus posiciones críticas, 51% afronta dificultades para obtener financiamiento y a 18 le negaron el registro como persona jurídica.
Marino Alvarado, de Provea, recordó que el Estado ha desatendido las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de no interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos, por lo cual prevé un aumento de la conflictividad laboral en 2014.
Otra demanda
Copei volverá a impugnar el Cesppa, luego de la reimpresión enGaceta Oficial del decreto a través del cual se creó el organismo. El presidente del partido, Roberto Enríquez, considera que las modificaciones no son suficientes por lo que ejercerán otras acciones en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e instancias internacionales.
“La presión popular, incluso de sectores del oficialismo, y las acciones políticas, judiciales e internacionales obligaron al gobierno a retroceder con el Cesppa. Es un mecanismo abiertamente inconstitucional y una evidencia de totalitarismo”, alegó.
Enríquez llamó la atención sobre la sujeción inicial del Cesppa a la Dirección Político Militar de la Revolución, que no es un organismo del Estado: “No existe en la Constitución y en ninguna instancia pública. Desconocemos su conformación y rango legal. La dirección significa el peligro de que Venezuela, cada día, avance más hacia un gobierno militar. El Libertador entendió que los militares debían estar lejos del gobierno civil, que no estaban para gobernar”.
Las cifras
10 manifestaciones por día se registran en Venezuela, 99% de las cuales son pacíficas, precisó Espacio Público. Sin embargo, en 2013 ha aumentado la represión: el número de lesionados aumentó 91% y el número de detenidos 31%.
10 dirigentes sociales (5 sindicalistas y 5 capitanes pemones) siguen sometidos a la justicia militar por exigir reivindicaciones para sus comunidades. Provea informó que 12 sindicatos no han podido registrarse, como lo ordena la nueva ley del trabajo, por trabas artificiosamente impuestas.
609 casos de presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal registró Cofavic entre enero y septiembre de 2013.
Vía El Nacional