Representantes diplomáticos y académicos proponen una ley de ordenamiento minero para equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección ambiental en Venezuela.
En un contexto global marcado por la transición hacia energías limpias, la Fundación Vida Verde (Funvive) organizó el foro “Tierras raras y su impacto socioeconómico y ecológico en Venezuela”. El encuentro reunió a especialistas, diplomáticos y figuras políticas para debatir el potencial estratégico de estos minerales frente a los severos riesgos ambientales que conlleva su extracción sin controles estrictos. La premisa central fue clara: el país se encuentra ante una oportunidad económica histórica que, de ser mal gestionada, podría derivar en un desastre ecológico irreversible.
Los organizadores subrayaron que estos elementos no son simplemente recursos minerales, sino el pilar fundamental de la tecnología moderna, desde teléfonos inteligentes hasta turbinas eólicas. Para el país, esto representa un desafío ético y técnico de gran magnitud que requiere una respuesta institucional inmediata.
El potencial estratégico de los recursos minerales venezolanos
Durante su intervención, el embajador Julio César Pineda resaltó que el subsuelo nacional alberga reservas críticas de litio, coltán, uranio y otros elementos esenciales para sectores de vanguardia como la robótica y la inteligencia artificial. No obstante, Pineda enfatizó que este patrimonio natural no debe explotarse a cualquier costo. El diplomático hizo un llamado firme a respetar los preceptos de la Constitución y el marco legal ambientalista vigente, asegurando que la soberanía tecnológica no puede estar reñida con la salud de los ecosistemas.
La discusión técnica permitió vislumbrar que, si bien el país tiene una ventaja comparativa en el mercado internacional, la falta de una infraestructura de supervisión robusta es una vulnerabilidad que debe atenderse antes de iniciar proyectos de gran escala.
Urgencia legislativa frente a la posible degradación ambiental
El doctor Manuel Díaz, figura destacada en la defensa ambiental, fue contundente al señalar la necesidad de una legislación de alto impacto. Según Díaz, la industria minera es necesaria para el avance económico, pero su desarrollo debe estar condicionado a la preservación de la biodiversidad. El experto advirtió que la inacción legislativa actual podría resultar en consecuencias devastadoras, como la contaminación de fuentes hídricas esenciales y la esterilidad de los suelos.
«O legislamos ahora con visión ecológica, o después pagaremos las consecuencias con ríos envenenados y comunidades destruidas», afirmó Díaz, instando a los actores políticos a priorizar la creación de una Ley de Ordenamiento de la Minería de Tierras Raras que incluya criterios de sostenibilidad rigurosos.
Hacia un consenso internacional y nacional sobre minería
El foro contó con una nutrida presencia internacional, incluyendo a los representantes diplomáticos de China, Xa Yan y Lu Qiging, así como el secretario de la embajada rusa, Aleksei Nerovnio, y el analista portugués Thiago Piñon. En el ámbito nacional, participaron la rectora Aime Nogal, diversos diputados y autoridades del sistema judicial. Esta pluralidad de voces permitió concluir que el reto de las tierras raras requiere una consulta pública amplia y una política de Estado que trascienda los intereses inmediatos, garantizando que el aprovechamiento de estos recursos estratégicos no comprometa el futuro ambiental de la nación.
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