En el marco de las reformas a la justicia penal en Venezuela, el Ministerio Público y el CICR diseñarán una hoja de ruta técnica para optimizar la atención de la población reclusa y elevar los estándares de protección de derechos humanos en los recintos carcelarios del país.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público (MP), el Fiscal General, Larry Devoe, sostuvo este lunes 27 de abril una reunión de alto nivel con Valérie Aubert, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Venezuela. El encuentro, realizado en la sede de la Fiscalía en Caracas, marca el inicio de una cooperación técnica enfocada en la modernización de los procesos penales y la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad”, informó Devoe a través de sus plataformas oficiales.
Integración a la Consulta Nacional de Justicia
Durante el encuentro, el Fiscal General extendió una invitación formal al CICR para que la organización participe activamente en la Consulta Nacional para la reforma de la justicia penal, iniciativa recientemente impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La inclusión del CICR busca nutrir dicho proceso con recomendaciones basadas en los estándares internacionales de derechos humanos.
Esta colaboración se intensifica en un momento de especial atención sobre la seguridad penitenciaria, tras los recientes sucesos registrados en el Centro Penitenciario de Yare (estado Miranda). Ante este hecho, el Ministerio Público ha ratificado el avance de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del motín que derivó en la pérdida de vidas humanas, garantizando el debido proceso en las actuaciones.
Compromiso con la transparencia
La alianza con el CICR se suma a los esfuerzos de otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que recientemente anunció un cronograma de visitas de inspección para certificar las condiciones en los centros de detención. La cooperación con el organismo internacional refuerza la línea de trabajo iniciada en febrero por la Cruz Roja Venezolana, la cual ha brindado apoyo médico y evaluaciones técnicas en los procesos de revisión de casos impulsados por el Ejecutivo nacional desde el inicio de año.
Con estas acciones, la Fiscalía busca profesionalizar su actuación y asegurar que el sistema penitenciario nacional cumpla con los requerimientos necesarios para el resguardo de la dignidad humana, integrando la experiencia técnica y el acompañamiento imparcial del Comité Internacional de la Cruz Roja.
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