La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no acudió a la audiencia de antejuicio de mérito en su contra. Informó que no se someterá ante un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuyos magistrados considera que son “ilegítimos e inconstitucionales”.
En rueda de prensa indicó que tiene conocimiento que durante la audiencia convocada por el TSJ se procederá a la remoción de su cargo y del vicefiscal. En ese sentido, señaló que esto constituiría una violación contra la institución, por considerar que se viola la defensa y debido proceso. “No voy a convalidar un circo, cuya decisión está cantada. No los reconozco”.
Desde el Ministerio Público, Ortega advirtió que se las decisiones que emanan del TSJ ponen en peligro la libertad, la democracia, las víctimas por quienes ejerce la acción penal y toda la colectividad.
Ortega comparó tal accionar con la de Pedro Carmona Estanga, quien en 2002 disolvió los poderes. “Este es un golpe de Estado, más grotesco que el de Carmona”, afirmó.
Considera que “pretenden callarme porque advertir que los magistrados abandonaron el sometimiento a la Constitución, usurpando cualquier poder (…) Callarme para que no siga diciendo verdades, como que persiste una ruptura del orden constitucional (…) Pero no lo lograran, vamos a triunfar”, advirtió.
Ortega mostró documentos que considera pruebas para demostrar que los magistrados en actual ejercicio no contaron con la firma para su designación. Asimismo, con copia de acta de libro certificado, afirmó que a la presunta reunión del Consejo Moral donde se discutiría la aprobación de los magistrados, no solo se llevó a cabo, sino que tampoco fue firmada por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Al respecto comentó que el mismo habría intentado firmarla en días posteriores, y se abstuvo al conocer que ya tenía una copia certificada.
Seguidamente, la Fiscal procedió a comentar sobre el expediente abierto en su contra, luego de que el diputado Pedro Carreño, solicitara el antejuicio de mérito, al que asegura tuvo acceso 13 días después.
Señaló que el parlamentario Carreño no tiene autoridad ni es representante reconocido por la Asamblea Nacional para solicitar su antejuicio de mérito. Recordó que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público (MP), por lo cual en todo caso debió acudir a la institución para solicitar tal acción.
Sobre ello, comentó que “la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder para contener el descontento popular”.
Vía NAD/www.diariorepublica.com
