El gremio de transportistas venezolanos ha elevado un llamado urgente y categórico a las autoridades nacionales, exigiendo el ajuste inmediato de la tarifa mínima del servicio de transporte público, tanto urbano como suburbano, bajo una condición innegociable: el nuevo monto debe quedar anclado al precio del dólar estadounidense, tomando como referencia el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
La posición fue formalizada este martes 9 de diciembre en una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de Fedetransporte en Caracas, donde participaron voceros del Comando Integral del Transporte, la Federación Nacional de Transporte (Fedetransporte) y el Sector Transporte de Caracas.
Sostenibilidad versus colapso operativo
Los representantes del sector argumentaron que esta medida es crucial e impostergable para evitar el colapso operativo y financiero total del sistema de transporte. La experiencia reciente, tras la publicación de las últimas gacetas oficiales, ha demostrado que las tarifas fijadas en bolívares pierden vigencia y poder adquisitivo en cuestión de semanas, víctimas de la acelerada y constante devaluación de la moneda nacional.
El sector insiste en que la inmensa mayoría de sus costos operativos —incluyendo la adquisición de repuestos, lubricantes y el mantenimiento general de las unidades— se cotizan, de facto, en divisas. Por lo tanto, solo un anclaje a una «moneda dura» puede garantizar la sostenibilidad operativa del servicio a mediano y largo plazo. Los transportistas consideran que una tarifa estable, referenciada a un monto entre $0.50 y $0.70, es la única solución viable para asegurar que las unidades se mantengan rodando y en condiciones óptimas para prestar servicio al público.
Exigencia adicional: Devolución de unidades retenidas
Además de la propuesta tarifaria, el gremio de transportistas exigió la devolución inmediata y sin dilaciones de las unidades de transporte que, a su juicio, han sido retenidas de forma injustificada e ilícita por entes gubernamentales.
Alegan que las sanciones administrativas impuestas han vencido y que no existe un sustento legal válido que permita prolongar la confiscación de estos vehículos. Esta situación no solo constituye un grave perjuicio económico para los legítimos propietarios, quienes ven su principal herramienta de trabajo retenida, sino que también tiene un impacto social directo al exacerbar la ya crítica escasez de transporte público, afectando a miles de ciudadanos y a las familias que dependen de estas unidades para su sustento diario.
Propuesta de subsidio directo para el ciudadano
Finalmente, como parte de su propuesta integral, los transportistas abogaron por la implementación de un subsidio directo o bono de transporte destinado a los usuarios. Este mecanismo buscaría un equilibrio: aliviaría la carga económica del pasaje sobre la población, garantizando su movilidad esencial, mientras que, al mismo tiempo, compensaría a los transportistas por la tarifa social que deben aplicar.
De esta forma, se evitaría que los usuarios finales asuman el costo total que implicaría el anclaje de la tarifa al dólar, trasladando la diferencia al Estado y garantizando la operatividad del servicio. Los transportistas esperan una respuesta rápida y favorable de las autoridades para evitar una paralización que afectaría a millones de venezolanos.
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