El magistrado Alvin Hellerstein denegó la petición de la defensa de archivar el proceso ante la imposibilidad de pagar honorarios, pero cuestionó la vigencia de las sanciones financieras.
La sala del piso 26 de la Corte Federal de Manhattan fue el escenario de un debate jurídico sin precedentes. El juez Alvin Hellerstein rechazó formalmente la solicitud de la defensa de Nicolás Maduro para desechar los cargos en su contra, basándose en el argumento de que el bloqueo de fondos impuesto por Estados Unidos impide el pago de su abogado privado. Sin embargo, tras una audiencia de 70 minutos, el magistrado dejó en suspenso la resolución sobre cómo se financiará la representación legal, mostrando una postura crítica hacia las restricciones de la oficina de control de activos extranjeros.
Desarrollo de una audiencia con argumentos inéditos
El acto procesal inició con retraso y permitió observar a los acusados en el estrado. Nicolás Maduro, quien vestía gafas de lectura y tomaba apuntes constantemente, lucía una pérdida de peso notable respecto a sus comparecencias de enero. Por su parte, Cilia Flores también estuvo presente, mostrando una mejoría física en comparación con sesiones previas, aunque su equipo legal informó posteriormente sobre complicaciones en su estado de salud.
El punto central de la disputa fue la intervención de Barry Pollack, abogado de Maduro, quien sostuvo que las sanciones de Estados Unidos violan la sexta enmienda. Según el defensor, el derecho a elegir un abogado de su elección es fundamental y se ve vulnerado cuando el gobierno estadounidense bloquea la transferencia de recursos que el gobierno de Venezuela está dispuesto a realizar para cubrir los honorarios privados.
Cuestionamientos a la seguridad nacional y las sanciones
El fiscal Kaylan Lasky argumentó que el derecho a la defensa no permite el uso de fondos que el departamento del tesoro considera ilícitos o sujetos a sanciones de política exterior. Ante la afirmación de la fiscalía de que permitir el flujo de este dinero atentaría contra la seguridad nacional, el juez Hellerstein reaccionó con escepticismo. El magistrado cuestionó qué riesgo real supone la transferencia de honorarios cuando los acusados ya se encuentran bajo custodia federal.
Incluso, el juez hizo referencia al contexto geopolítico actual, señalando que las condiciones que originaron las sanciones han cambiado y que Estados Unidos ya mantiene intercambios comerciales con Venezuela. Esta observación debilitó la posición de la fiscalía, que insistió en que el régimen sancionatorio es un obstáculo legal insuperable mientras no sea revocado por el ejecutivo.
La complejidad de la ejecución financiera
A pesar de inclinarse a favor de que Maduro pueda disponer de sus recursos para una defensa privada de alta complejidad, el juez se topó con un muro logístico. Al preguntar cómo se podría ejecutar una orden de pago sin una licencia de la oficina de control de activos extranjeros, la fiscalía se mostró tajante en la imposibilidad de autorizarlo.
Ante la sugerencia de la defensa de desestimar el caso como único remedio, Hellerstein fue firme en su negativa, aunque decidió reservarse la decisión final para estudiar alternativas que permitan garantizar el derecho constitucional del procesado sin entrar en conflicto directo con las facultades del tesoro. El caso permanece en un limbo financiero mientras se definen los protocolos para el acceso a pruebas y la atención médica de Flores.
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