En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una sentencia que cambia el panorama para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. El fallo en el caso Chirinos Salamanca y otros (Polichacao) vs. Venezuela confirma que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue plenamente vigente en el país, lo que garantiza el acceso de las víctimas a la justicia interamericana.
Un triunfo para la justicia
Este caso es el primero en ser analizado por la Corte IDH con hechos ocurridos después de la denuncia de la Convención realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2012, la cual entró en vigor en 2013. Esta acción, junto con el intento de Nicolás Maduro de denunciar la Carta de la OEA en 2017, buscaba aislar al régimen de la justicia internacional.
Sin embargo, la Corte respondió de forma contundente y unánime: Venezuela nunca dejó de estar obligada por la Convención y las puertas de la justicia interamericana se mantienen abiertas. La sentencia confirma que el acto de ratificación realizado en 2019 por el presidente encargado Juan Guaidó, a instancias de la legítima Asamblea Nacional, fue válido y tuvo efectos retroactivos, confirmando así que Venezuela ha estado sometida a la Convención de manera ininterrumpida desde 1977.
El caso Polichacao: la cara humana de la decisión
La sentencia de la Corte IDH se basa en un caso con un profundo rostro humano: en 2016, 12 funcionarios de la Policía de Chacao fueron detenidos arbitrariamente por el SEBIN y se les mantuvo presos a pesar de tener órdenes judiciales de excarcelación. Este hecho de impunidad fue uno de los argumentos centrales para que la organización Defiende Venezuela, que asumió la representación de las víctimas en 2017, llevara el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, a la Corte IDH.
Las implicaciones del fallo
Las consecuencias de esta sentencia son claras y de gran envergadura:
Los gobiernos anteriores fracasaron en su intento de sacar al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La decisión de la Asamblea Nacional de 2019 prevalece como una expresión de legitimidad democrática.
Las víctimas venezolanas tienen garantizado el acceso a la justicia internacional, sin importar el control político sobre el poder judicial interno.
Este fallo no solo restablece derechos, sino que también subraya que la legitimidad democrática es un criterio jurídico fundamental en el sistema interamericano. Al reconocer el acto de 2019 con efecto retroactivo, la Corte IDH envía un mensaje contundente: solo un gobierno constitucional y democráticamente electo puede comprometer al Estado en materia de derechos humanos.
Esta decisión representa un triunfo del derecho sobre la justicia y la represión. La Corte Interamericana no solo mantiene viva la esperanza para las víctimas de Venezuela, sino que también recuerda al mundo que ningún régimen puede decretar su propia impunidad.
Vía Agencia Occidental de Noticias/Diario República
