durante una reciente entrevista, dinorah figuera, presidenta de la asamblea nacional de 2015, confirmó que las negociaciones entre la oposición y el gobierno avanzan para designar 32 nuevos magistrados del tribunal supremo de justicia (tsj) antes de finalizar noviembre. tras la conformación de una comisión preliminar mixta, figuera subrayó que la reestructuración del poder judicial y el establecimiento de garantías políticas —como el levantamiento de inhabilitaciones y la devolución de partidos— son pilares indispensables para garantizar procesos electorales libres.
En el contexto de los recientes acuerdos alcanzados entre el oficialismo y la delegación de la asamblea nacional de 2015, el proceso para la renovación integral del sistema de justicia ha dado un paso formal. la presidenta del parlamento, dinorah figuera, reafirmó en una entrevista televisiva el compromiso político para cumplir con los plazos establecidos y nombrar a los 32 nuevos magistrados del tribunal supremo de justicia (tsj) durante el mes de noviembre.
“tenemos un entregable de estos hitos para el mes de noviembre, y yo creo que vamos a honrar ese principio de meta”, declaró la dirigente política, señalando que la hoja de ruta avanza según lo previsto tras el cierre del segundo ciclo de conversaciones el pasado 25 de septiembre.
comisión preliminar y participación ciudadana
el pasado 29 de septiembre se formalizó la creación de una comisión preliminar integrada por 11 diputados —ocho representantes del bloque oficialista y tres de sectores opositores—, cuya tarea inicial es estructurar el comité de postulaciones judiciales. este comité incorporará además a 12 miembros de la sociedad civil y contará con el respaldo de un consejo de revisión de credenciales compuesto por siete juristas expertos.
para figuera, este engranaje técnico institucional no puede entenderse de forma aislada. la líder opositora insistió en que la transformación judicial debe marchar en paralelo a las negociaciones sobre libertades civiles y políticas, insistiendo en que temas prioritarios como la restitución de tarjetas de partidos políticos y la revisión de inhabilitaciones son condiciones sine qua non para el futuro democrático del país.
con la activación de las comisiones legislativas, el proceso entra en su etapa de evaluación de expedientes, manteniendo como horizonte la fecha límite fijada para el undécimo mes del año.
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