Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Estado venezolano garantizar la integridad física y mental de los miembros de la ONG Azul Positico.
Provea aseguró a través de un audiovisual que «se vive una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela» criminalizando la labor de organizaciones y defensores de los DDHH, mientras «millones de personas sufren por la emergencia humanitaria».
El tribunal cuarto de control del estado Zulia dictó medida privativa de libertad contra 5 trabajadores de la ONG Azul Positivo, acusándolos de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Los trabajadores se encuentran detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) del estado Zulia.
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