La Encuesta de condiciones de vida 2025 revela una crisis persistente en la asistencia escolar, fallas eléctricas críticas y una inseguridad alimentaria que afecta al 33 % de los hogares venezolanos.
En las instalaciones de la Universidad católica Andrés Bello (Ucab), se presentaron los resultados de la Encuesta nacional de calidad de vida (Encovi) en su edición 2025. El informe ofrece una radiografía preocupante sobre la realidad social del país, destacando que el sector educativo aún no logra recuperarse de los efectos de la pandemia de Covid-19. Según el estudio, apenas el 44 % de la población estudiantil en Venezuela mantiene una asistencia regular a las aulas de clase.
El rezago educativo frente a la prepandemia
Antes del confinamiento, la cobertura educativa para jóvenes de entre tres y 24 años de edad se situaba en un 73 %. Tras una caída dramática durante el aislamiento, la recuperación ha sido extremadamente lenta. Las autoridades de la Ucab alertaron que las métricas actuales siguen estando muy por debajo de los niveles históricos registrados por la institución. El ausentismo no solo responde a factores académicos, sino a una compleja red de carencias que impide la continuidad del proceso de aprendizaje.
El colapso del sistema eléctrico nacional
La Encovi 2025 también profundizó en la precariedad de los servicios públicos, haciendo especial énfasis en el sistema eléctrico. Aunque el 98 % de la población venezolana permanece conectada a la red nacional, la calidad del servicio es deficiente. Los datos indican que apenas un 10 % de los usuarios no experimenta fallas en el suministro. Para el resto de la población, los cortes de luz y las fluctuaciones de voltaje son una constante que afecta la dinámica laboral, doméstica y el acceso a la educación digital.
Inseguridad alimentaria y crisis de ingresos
La dimensión económica del informe subraya una brecha alarmante entre el costo de la vida y el poder adquisitivo. De acuerdo con los hallazgos de la Ucab, en uno de cada tres hogares venezolanos los ingresos percibidos resultan insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Esta situación de vulnerabilidad nutricional agrava el panorama de salud pública y se convierte en uno de los principales motores de la deserción escolar, ya que muchas familias deben priorizar la supervivencia inmediata sobre la formación académica de los jóvenes.
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