Tras el polémico encuentro con la Defensoría del Pueblo y el rechazo a los nuevos ajustes de ingresos, el sector laboral convoca a una movilización para el 7 de mayo bajo la consigna de una «transición política real».
La Coalición Nacional Sindical de Trabajadores ha elevado la presión sobre el escenario político nacional al anunciar una movilización estratégica hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas para el próximo martes 7 de mayo. El objetivo es obtener una respuesta directa de Washington tras la solicitud formal de mediación entregada el pasado 16 de abril.
La marcha, que partirá desde la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, busca que el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, interceda ante la administración de Delcy Rodríguez. Los trabajadores exigen que se presione por un ajuste salarial real, la liberación de presos políticos y un cronograma electoral transparente.
Un reclamo hacia Washington y denuncias de persecución
El dirigente sindical José Patines fue enfático al señalar que la actual gestión de la transición está siendo ignorada por las autoridades locales. «Esto no puede seguir pasando, o se están riendo en la cara del presidente Donald Trump», afirmó Patines, sugiriendo que los compromisos de cambio político no se están materializando en la práctica.
Además de las reivindicaciones económicas, la jornada servirá para:
Denunciar la persecución: Se expondrá el caso de Víctor Venegas, dirigente del magisterio en Barinas.
Exigir libertad sindical: Reiterar el cese del hostigamiento contra los líderes gremiales.
Controversia en la Defensoría del Pueblo
El anuncio de esta nueva protesta surge como respuesta al descontento generado tras las marchas del 1 de mayo. Aunque los manifestantes llegaron hasta la Defensoría del Pueblo y fueron recibidos por Eglée González Lobato, la reunión ha sido calificada de «simulacro» por diversos sectores.
Voces como la del politólogo Nicmer Evans denunciaron que la Defensora no dialogó con los verdaderos representantes del conflicto, sino con sectores de la Alianza Democrática vinculados al oficialismo. «La defensora no recibió a los trabajadores, recibió a un partido político aliado al delcysmo», aseveró Evans a través de sus redes sociales.
Insuficiencia ante el ajuste de ingresos
La tensión se ha visto alimentada por el reciente anuncio del Ejecutivo, que fijó el ingreso mínimo integral en 240 dólares y las pensiones en 70 dólares. Para la Coalición Sindical, estas cifras —basadas mayoritariamente en bonificaciones— son insuficientes para frenar la pérdida del poder adquisitivo y no representan una mejora estructural en las condiciones de vida de la clase obrera, lo que justifica la radicalización de las protestas hacia sedes diplomáticas internacionales.
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