El prestigioso penalista Barry J. Pollack denuncia ante un tribunal de Manhattan la violación del debido proceso, tras la revocación «sin explicación» de las licencias para costear la defensa legal con fondos venezolanos.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos ha entrado en una fase de alta tensión constitucional. Barry J. Pollack, el experimentado abogado penalista que lidera su defensa, ha solicitado formalmente la desestimación de la acusación, argumentando que el Gobierno estadounidense está «torpedeando» de manera inconstitucional el derecho a la defensa al bloquear los fondos destinados a cubrir sus honorarios.
Pollack, socio del influyente bufete Harris, St. Laurent & Wechsler LLP, no es un actor improvisado. Con una trayectoria de tres décadas en casos de seguridad nacional y espionaje, su designación fue leída como un movimiento estratégico de Caracas para litigar al más alto nivel en el sistema federal norteamericano.
El conflicto de las licencias: El Tesoro bajo la lupa
El punto de quiebre de la estrategia jurídica reside en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según documentos presentados ante el tribunal de Manhattan, la OFAC autorizó el pasado 9 de enero el pago de los honorarios legales por parte del Estado venezolano, solo para revocar dicha autorización «sin explicación» menos de tres horas después.
«El Gobierno de EE. UU. prohíbe a los abogados recibir fondos no contaminados del gobierno venezolano, a pesar de la obligación de Venezuela de financiar la defensa del Sr. Maduro», sentenció Pollack en el escrito judicial, calificando la conducta oficial como un vicio constitucional que invalidaría cualquier veredicto futuro.
Curiosamente, el jurista reveló que el Departamento del Tesoro sí permitió el pago de los honorarios para la defensa de la primera dama, Cilia Flores, lo que acentúa la disparidad de criterios dentro del proceso.
Una defensa de «élite» valorada en un millón de dólares
El perfil de Pollack justifica la magnitud de la inversión. Graduado con honores en Georgetown y miembro de la exclusiva Order of the Coif, sus honorarios y los de su equipo se estiman entre 500 mil y un millón de dólares.
Para la defensa, el hecho de que Maduro haya elegido a un abogado de este renombre en Washington envía un mensaje de legitimidad procesal; sin embargo, Pollack ha advertido que, de mantenerse el bloqueo de fondos y los cargos, se verá obligado a renunciar, dejando en manos del tribunal la designación de un abogado de oficio.
El trasfondo geopolítico
La disputa por los honorarios es un reflejo de la política exterior de Washington hacia Venezuela, que desde 2019 ha mantenido un esquema de sanciones que hoy choca con las garantías procesales del sistema judicial interno.
Mientras Maduro y Flores enfrentan acusaciones de narcotráfico y corrupción que podrían derivar en cadena perpetua, su equipo legal apuesta a que el «derecho al debido proceso» sea la grieta que permita desmoronar una acusación de 25 páginas que ha mantenido en vilo la relación bilateral por años.
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